La realidad no cambia por decreto. Seguimos en el país de las ejecuciones diarias, de los secuestros, del abuso sexual, de la tortura en las cárceles, del maltrato al migrante, de las comunidades militarizadas. Y sí, de los ataques de paramilitares oficialistas, en las mismas montañas de Chiapas donde más de dos décadas ocurrieron las masacres de Acteal y Unión Progreso (y Tila, Sabanilla, Viejo Velasco Suárez...).
En el caos de mortandad violenta que está asolando a México, cualquier activista o poblador que resulte "peligroso" o "estorbe" podrá ser eliminado y su caso quedará circunscrito a las estadísticas. Periodista, ambientalista, mujer (y si es dirigente, peor), autoridad comunal o ejidal, policía comunitario, defensor de derechos humanos y del migrante, se suman al que no pagó derecho de piso, al secuestrado que no será devuelto, a la muchachita que "desapareció", al pasajero que no cooperó, al que venía pasando. A partir de 2007, el Estado mexicano se retiró de la protección de los ciudadanos, aportando una suerte de represión pasiva. El crimen organizado ayuda a despejar el terreno a minas, pozos, vías, ductos, plantas, presas, desarrollos inmobiliarios y hoteleros. El resto lo hace la fuerza pública. //
Reportaje gráfico de Luis Enrique Aguilar para el suplemento Ojarasca de 'La Jornada' del mes de junio 2019.
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