Ojarasca / Aires de muerte en Chiapas

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Los Altos, Chiapas. A partir de octubre de 2017 se intensificaron añejos conflictos agrarios que llevaron a la actual crisis humanitaria en Aldama y Chalchihuitán, en un panorama tenso y peligroso que ya dejó cuatro muertos, una docena de heridos y el desplazamiento forzado de miles de personas a las montañas. Las condiciones son muy similares a las que desembocaron en la matanza de Acteal en 1997.

El 23 de enero de este año el Ejército federal se instaló en la comunidad de Coco, Aldama, para “prevenir agresiones de grupos armados de Santa Martha (Chenalhó)”, pero los ataques continúan. Los paramilitares actuales, mejor armados que cuando la masacre de Acteal, son los mismos, o hijos de aquellos perpetradores nunca desarmados.

Durante el gobierno “verde” de Rosa Pérez en Chenalhó, hace más de dos años se organizaron grupos armados que atacaron nueve comunidades de Aldama y Chalchihuitán, se apoderaron de 60 hectáreas de Aldama y 300 de Chalchihuitán, y han desplazado a cerca de siete mil personas. Los paramilitares cortaron las carreteras y dejaron incomunicada la cabecera municipal de Chalchihuitán.

La realidad no cambia por decreto. Seguimos en el país de las ejecuciones diarias, de los secuestros, del abuso sexual, de la tortura en las cárceles, del maltrato al migrante, de las comunidades militarizadas. Y sí, de los ataques de paramilitares oficialistas, en las mismas montañas de Chiapas donde más de dos décadas ocurrieron las masacres de Acteal y Unión Progreso (y Tila, Sabanilla, Viejo Velasco Suárez...). En el caos de mortandad violenta que está asolando a México, cualquier activista o poblador que resulte "peligroso" o "estorbe" podrá ser eliminado y su caso quedará circunscrito a las estadísticas. Periodista, ambientalista, mujer (y si es dirigente, peor), autoridad comunal o ejidal, policía comunitario, defensor de derechos humanos y del migrante, se suman al que no pagó derecho de piso, al secuestrado que no será devuelto, a la muchachita que "desapareció", al pasajero que no cooperó, al que venía pasando. A partir de 2007, el Estado mexicano se retiró de la protección de los ciudadanos, aportando una suerte de represión pasiva. El crimen organizado ayuda a despejar el terreno a minas, pozos, vías, ductos, plantas, presas, desarrollos inmobiliarios y hoteleros. El resto lo hace la fuerza pública.

 

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Para “calmar” el conflicto, el gobierno entregó un millón 300 mil pesos al comisariado de bienes comunales de Santa Martha, y al de Aldama 80 mil. El dinero generó mayor división comunitaria, el conflicto agrario no se resolvió y la violencia continúa. El Estado aplica el mismo clientelismo político que incentivó el PRI por décadas y hoy, bajo los colores del Verde y Morena otorga “apoyos” a cambio de votos. Las comunidades zapatistas rechazan éstas prácticas, en reivindicación de su autonomía. En Aldama actualmente conviven familias partidistas y bases de apoyo del EZLN, todas atacadas por los grupos armados de Chenalhó. El 31 de enero, la Junta de Buen Gobierno zapatista de Oventic advirtió que el conflicto tiene de fondo un plan de contrainsurgencia y que la militarización busca controlar los territorios autónomos.

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El estado de guerra en Los Altos afecta las estructuras culturales y el tejido social de comunidades tsotsiles que resolvían sus conflictos de manera interna y convivían pacíficamente. Durante las fiestas patronales, las comunidades de Chenalhó solían llevar su santo a visitar a la virgen en Aldama. Dicha armonía se encuentra rota; este año, en pleno carnaval de Aldama, el tres de marzo, las comunidades de Tabak y Coco fueron rafagueadas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) declaró a Animal Político (24 de mayo) que casi a diario hay disparos desde Santa Martha contra comunidades de Aldama, sobre todo Tabak, Cocó’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, en la franja donde colindan ambos municipios. Los pobladores sufren ataques por parte de civiles armados del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de dos mil 36 personas, quienes salen de sus comunidades hacia la montaña cuando empiezan los disparos y luego regresan”.

El Frayba apunta “que el gobierno federal pensó que con instalar una base de operaciones mixtas se resolvería el problema, pero la violencia no se acabará mientras no se investigue a los autores de los ataques y se les desarme, que es la exigencia de los pobladores de Aldama”.

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