Protección migratoria no puede subordinarse a relación México-EU: ONG

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Tapachula. El respeto y protección a los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio mexicano no pueden subordinarse a los intereses económicos y comerciales en el marco de las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, señalaron las 24 organizaciones que conformaron la Misión de Observación de Derechos Humanos de la Crisis de Refugiados y Humanitaria en el Sureste de México.

Al cerrar sus actividades de monitoreo e incidencia que realizaron en esta región fronteriza, advirtieron que frente a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos a menos que se "ponga un alto" al flujo migratorio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe mantener una posición crítica y fuerte.

Esto porque durante sus trabajos documentaron una "práctica sistemática e intencional" de violaciones a las garantías de las personas en movilidad, "que es incongruente con el discurso oficial de una política respetuosa de los derechos humanos".

Los activistas que participaron en la Misión -que se realizó del 29 al 31 de mayo y recorrió varios puntos fronterizos y parte de la región costera de Chiapas- pudieron comprobar que "continúa y se agudiza un enfoque de seguridad militarizada" en materia de migratoria y de contención de esos flujos, por encima del respeto y protección de los derechos humanos de ese grupo.

Esta mañana, en conferencia de prensa presentaron las conclusiones de sus actividades. En ese espacio, Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos de Córdova -una de las organizaciones convocantes a la misión-,subrayó que si la administración de López Obrador atiende las demandas de Trump, el impacto en la frontera sur mexicana sería aún más desfavorable para los migrantes, pues se recrudecerían las ya de por sí constantes violaciones a sus garantías.

"Representaría la legalización de ese muro (prometido por el magnate), que en este lado de México es invisible, y que se traduce en violencia, tortura y detención sistemática de personas, con un mayor riesgo para su integridad física y emocional de las personas en movilidad".

La Misión fue convocada por agrupaciones de México, Estados Unidos y Centroamérica, entre ellas el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria, Alianza Américas, Red Jesuita con Migrantes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos HUmanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT), y otras. Entre sus hallazgos, se detectó el incremento de operativos y retenes a lo largo de la ruta migrante para la detección, detección y deportación de los extranjeros sin documentos.

"Documentamos que la detención migratoria funge como estrategia de represión y castigo. Se han intensificado las redadas y los operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa, y las condiciones de la detención, de por sí violatorias de los derechos humanos, se han recrudecido, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Igualmente, identificamos prácticas racistas y xenófobas que discriminan grupos específicos".

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, indicó que existe una posición "esquizofrénica" de parte de la administración federal Mexicana en torno a la política migratoria. Pues mientras en el discurso asegura que es garantista de los derechos humanos, en la realidad la respuesta para resolver esa crisis se enfoca en la seguridad nacional y es contraria al respeto de las garantías fundamentales.

La Misión documentó además una serie de prácticas que limitan el acceso de los migrantes a solicitar refugio y protección, como procesos lentos, desinflamados y burocráticos para tal efecto; la separación de familias; la detención en estancias migratorias en condiciones insalubres, indignas y en hacinamiento; falta de coordinación institucional; limitado esfuerzo de los organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "que se limitan a ser observadores"; consecuencias graves en la salud de los migrantes, entre otras.

Daniela Burgi, de Latín America Working Group -organización estadunidense- criticó las amenazas del presidente Trump para presionar a México en frenar a los migrantes. "La administración de Estados Unidos debería por el contrario estar revirtiendo sus propias políticas en la frontera entre ambos países, que hasta la fecha lo único que han hecho es agravar la situación de solicitantes de asilo, sobre todo centroamericanos. El respeto a los derechos humanos de los migrantes no es un cambio de moneda en acuerdos económicos que se pueden cambiar o negociar, son responsabilidades que les competen a ambos gobiernos".

Como resultado de la Misión, exigieron al gobierno de López Obrador transitar de una política de Estado en materia de movilidad humana basada en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana; garantizar una coordinación de los tres niveles de gobierno, que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos.

También eliminar la detención migratoria "como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional"; asignar presupuesto económico para el tema; garantizar la atención integral e inmediata en materia de salud a la población migrante y refugiada, priorizando a niñas, niños y mujeres embarazadas, más aún mientras se encuentren en centros de detención migratoria; ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de acceso a la protección internacional y a la regularización migratoria, entre otras.

"Exigimos al Estado mexicano que cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión, al tiempo que no contribuya al fortalecimiento de los discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región".

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