La Guardia Nacional preocupa al Comité contra la tortura de la ONU

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Ciudad de México. La creación de la Guardia Nacional, las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas y la impunidad en que esos abusos se mantienen, fueron elementos que ocuparon parte de la preocupación del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (Cat, por sus siglas en inglés) en las recomendaciones que este viernes hace al Estado mexicano para prevenir, combatir y erradicar ese delito.

Este órgano de tratado del organismo multilateral demandó a las autoridades mexicanas investigar y sancionar cualquier abuso cometido por las fuerzas armadas y expresó su preocupación por el hecho de que el mando operativo de la Guardia Nacional recaerá en un militar en proceso de retiro.

El CAT dio a conocer este viernes en Ginebra, Suiza, las recomendaciones dirigidas a México en materia de tortura, esto después de la evaluación a la que se sometió al país los días 25 y 26 de abril de este año, en el marco de su 66 periodo ordinario de sesiones. En el informe de conclusiones, la instancia internacional –conformada por diez expertos independientes— expresó:

“Conforme a las explicaciones ofrecidas por la delegación mexicana (que asistió a la evaluación en Ginebra hace unas semanas) sobre la participación de las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad contra el crimen organizado, por el momento el Estado no considera posible relevar al ejército de su labor actual en materia de seguridad.

“El Comité expresa su preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares en el marco de este tipo de operativos. El CAT toma nota también de la reciente creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad de carácter civil que sustituirá a la Policía Federal, aunque observa con preocupación el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo de esta institución”.

Otro motivo de preocupación la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos.

Frente a ello, recomendó velar porque se investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente la fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y el personal militar; asegurarse de que se enjuicie a los presuntos responsables, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y se repare plenamente a las víctimas o sus familiares.

También demandó hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad; garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares. “Se deberá garantizar también el mando civil de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia”.

Otras de las recomendaciones es que se adopte la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza –que es una de las leyes secundarias de la Guardia Nacional—, conforme al contenido de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU; y adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad en todo momento durante el ejercicio de sus funciones.

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