Por falta de acuerdo no discutirán hoy leyes reglamentarias de la GN

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El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal informó hace unos minutos que en la sesión del periodo extraordinario de este día “no se discutirán las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, debido a que aún no hay acuerdo en un punto que es que los militares que se integren a la Guardia Nacional soliciten licencia”.

Ese punto, subrayó Monreal “es un tema sustantivo”. Por lo que hoy la sesión será breve ya que no hay materia. “Hay avance de 96 por ciento en las cuatro leyes y tres de ellas están ya consensuadas, pero hoy no hay tema para el periodo extraordinario”.

En la sesión del periodo ordinario de este día sólo se discutirá la elección de un legislador del PRI para que se integre a la Comisión Permanente en sustitución de la senadora priista Claudia Ruíz Massieu a quien ayer la permanente le otorgó licencia por tiempo indefinido, ya que se dedicará al proceso interno del PRI para la elección del nuevo presidente de ese instituto político.

Monreal ratificó la información que publicó este diario esta mañana “en el sentido de que no habría acuerdo final y que no se discutirían este jueves las leyes secundarias”.

El presidente de la Junta de Coordinación recordó que aún el periodo extraordinario tiene que aprobar seis leyes: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenidos y las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como la Ley Reglamentaria de Extinción de Dominio y la ley que crea al instituto que administrará los bienes que sean confiscados al crimen organizado a través de la Ley de Extinción de Dominio.

En la sesión del periodo extraordinario de este jueves se pondrá a consideración del pleno convocar a nuevas sesiones el lunes y martes para aprobar las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional así como la Ley Reglamentaria de Extinción de Dominio y la creación del instituto que administrará los bienes que se le quiten al crimen organizado, cuando no puedan comprobar su origen legítimo.

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