Xochicuautla permite el paso de la vía Toluca a Naucalpan

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Jueves 4 de abril de 2019. Lerma, Méx. El Consejo Supremo Indígena (CSI) de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en este municipio, dio por terminado el conflicto con el gobierno mexiquense y otorgó su aval para la conclusión de la autopista Toluca-Naucalpan, que lleva un retraso de 10 años por la oposición de los pobladores de esta localidad.

Tras varios meses de negociación, autoridades y el CSI firmaron un convenio para que la obra pudiera ser concluida a cambio de beneficios para la comunidad y algunas adecuaciones al proyecto.

Fueron los otomíes quienes hace unos meses propusieron la alternativa para permitir que los habitantes de la zona alta del Lerma no quedaran confinados y pudieran seguir subiendo a la montaña a realizar sus ceremonias y rituales. Además se acordó la instalación de puentes peatonales y vehiculares y algunos pasos para la fauna endémica.

En conferencia de prensa, José Luis Fernández señaló que los acuerdos con las autoridades son públicos y transparentes.

En cada mesa, recalcó, hubo representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de organizaciones sociales que durante años apoyaron esta lucha social e incluso representantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes estuvieron atentos a lo que pasaba en Xochicuautla, desde el 11 de abril de 2016, cuando, en forma arbitraria, la constructora Teya, resguardada por la policía estatal, derribó casas para dar paso a la autopista.

La vía Toluca-Naucalpan fue concebida hace más de 15 años por el entonces gobernador Arturo Montiel, pero fue su sucesor, Enrique Peña Nieto, quien en 2016 emitió la convocatoria para la licitación de la obra y el 24 de abril de 2017 se emitió el fallo. La construcción, operación y administración de la autopista se asignó a Constructora Teya SA de CV, filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas predilectos de Peña Nieto.

Se anunció que la autopista de 39 kilómetros, que conectaría el poniente del Valle de México con el aeropuerto internacional de Toluca, tendría un costo mil 449.5 millones de pesos y su construcción tardaría 24 meses, por lo cual se tenía proyectada su inauguración para mayo de 2019.

Sin embargo, la obra no fue consultada con las comunidades indígenas, lo que complicó la obtención del derecho de vía. Xochicuautla fue una de las localidades que se opuso al proyecto por los daños ambientales que implicaba para el llamado bosque Otomí-Mexica, donde realizan sus ceremonias sagradas, y por la afectación a la zona protegida Bosque de Agua, en los límites entre Lerma y Huixquilucan.

En 2011, el gobierno estatal obtuvo el aval para la obra mediante una asamblea comunal amañada que dividió a la comunidad. En 2014 esa asamblea fue anulada por un tribunal agrario y la autorización quedó sin efecto.

En julio de 2015, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto emitió un decreto expropiatorio de 39 hectáreas de Xochicuautla para terminal la autopista, pero esto generó más encono, pues tampoco se cumplió con la obligación legal de consultar a la comunidad.

Los habitantes de Xochicuautla impidieron por meses los trabajos de la constructora, la cual pidió apoyo al gobierno mexiquense; éste envió granaderos para evitar que se detuvieran los trabajos.

El 11 de abril de 2016, con base en el decreto de expropiación, la constructora derribó varias casas de comuneros de Xochicuautla, lo que ocasionó nuevos enfrentamientos y que la resistencia se radicalizara.

Fue entonces que intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los comuneros indígenas lograron detener las obras en su localidad gracias a cuatro amparos, pero al mismo tiempo aceptaron negociar con el gobierno del estado, ahora encabezado por Alfredo del Mazo Maza, para destrabar el conflicto.

En la negociación los indígenas de Xochicuautla propusieron opciones para no quedar confinados por la autopista, tener acceso a sus sitios sagrados, puentes peatonales y vehiculares y una serie de obras para apoyar la cultura, el deporte y la educación en la comunidad.

Al mismo tiempo, se convino un proyecto de desarrollo integral para el cuidado del bosque, un programa intensivo de reforestación para recuperar todos los árboles derribados para dar paso a la autopista, y diversas obras de infraestructura.

También se aceptó la propuesta del Consejo Supremo Indígena de integrar un fideicomiso para que parte de los ingresos de la autopista se destinen a mejorar los servicios en la comunidad.

Durante la resistencia al proyecto, 22 personas fueron encarceladas y se libraron varias órdenes de aprehensión en contra de integrantes del movimiento, pero también se convino el fin de la persecución judicial, lo que implicará cancelar expedientes y órdenes de captura.

Han pasado 12 años desde que iniciamos nuestra lucha; no hemos dejado de pelear ni un día por nuestra comunidad. Hemos arriesgado nuestra integridad y la de nuestras hijas, hijos, esposas, esposos, hermanas y hermanos, madres y padres. Nos golpearon, nos reprimieron, nos criminalizaron, nos encarcelaron, nos amenazaron. Destruyeron nuestros hogares. Perdimos 12 años preciosos de compartir con nuestras familias; recorrimos todo el país y parte del mundo difundiendo nuestra lucha. No nos sentamos a esperar a que otros pelearan lo que nos tocaba hacer. No nos vencieron. Es un momento importante porque ahora tenemos qué rencontrarnos como comunidad, reconciliarnos y reconstruir nuestro tejido. Es un momento de trabajo y de esperanza. Llamamos a la reconciliación y a transformar positivamente nuestras diferencias, dijo José Luis Fernández.

La autopista Toluca-Naucalpan tiene un avance de más de 95 por ciento. Con este aval se espera que este mismo año sea inaugurada, una década después de lo programado.

Trascendió que el gobierno del estado accedió a extender a Teya la concesión para la operación y administración de esta autopista de 30 a 60 años, por las pérdidas y los daños que provocaron las suspensiones de la obra.

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