Taxistas de Madrid acusan “privatización encubierta del transporte"

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Madrid. Un numeroso grupo de taxistas volvió a manifestarse por las calles del centro de Madrid para reivindicar que continúan su lucha contra "la privatización encubierta del transporte", una "pelea" que seguirá viva pese al rechazo del Gobierno regional a regular de forma inmediata al transporte con conductor (VTC).

A las 18 horas arrancó la manifestación que discurrió de Atocha a la Plaza de Cibeles bajo una cabecera con la pancarta “El taxi exige regulación de la VTC”, una protesta que se produce tras la desconvocatoria de la huelga indefinida del sector y que cuenta con el apoyo de una treintena de colectivos.

Junto a los ya clásicos silbatos y petardos que caracterizan a las manifestaciones de los taxistas, se pueden ver carteles como “Casado, el taxi no perdona”, “Contra los Monopolios” y otros lemas en favor, por ejemplo, de las pensiones públicas.

A ello se unieron consignas de los manifestantes al grito de “La lucha está en la calle y no en el parlamento”. En Cibeles se procederá a la lectura de un manifiesto "en contra de la uberización de los servicios públicos y contra la privatización, la precariedad, la marginación y la pobreza".

El portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, explicó a los medios de comunicación que el taxi sigue con sus reivindicaciones para denunciar la "privatización encubierta de los servicios públicos", como a su juicio le toca ahora a este sector y en el pasado se intentó con la educación y la sanidad.

En este sentido, aseguró que el taxi no va a permitir los intentos de "destruir un sector" compuesto mayoritariamente por autónomos en favor de las "multinacionales y las empresas giratorias".

Fúnez aseguró que pese a la desconvocatoria de la huelga sin haber logrado sus principales objetivos, como la regulación de la VTC, el taxi "no ha perdido", dado que han sido capaces de "levantar las alfombras" para que se pueda oler esa "porquería" que destilan determinados partidos políticos.

El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, acudió a la marcha para mostrar su apoyo al colectivo, dado que su formación defiende los servicios públicos y a la "clase trabajadora".

En este sentido, comentó que las administraciones tienen que colaborar para preservar este servicio público frente a las empresas trasnacionales y añadió que los "patriotas" son los que apuestan precisamente por ello.

De hecho, acusado a PP, Cs y Vox (formaciones que convocan mañana una concentración en Colón frente a la política del Gobierno en Cataluña) de "querer vender el país a pedazos".

El Gobierno central debe intervenir para que no haya “taxis de segunda”

A su vez, el coordinador de Élite Taxi Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, comentó también a los medios que hay una estrategia de "desmantelamiento" de los servicios públicos y que el taxi es "uno más" de esa dinámica, provocada por el "neoliberalismo".

Tras indicar que las plataformas Cabify y Uber han "desaparecido de Barcelona", Álvarez ha indicado que tiene una sensación "agridulce", pues la ciudad condal ahora "está limpia" mientras que en la capital "se le cae el alma al cielo" por la proliferación de VTC.

"Esto es política", apuntó para recalcar que se debe "seguir en la calle y luchando", puesto que hay formaciones que ostentan "mucha banderita" pero al final "están engañando a la gente".

El coordinador de Élite Taxi Barcelona recalcó que las comunidades deben definir la precontratación temporal de la VTC y luego las ciudades marcar las características que deben tener según las características del municipio, como ha ocurrido en la ciudad condal.

Así ha ocurrido en Cataluña, País Vasco, Baleares o Comunidad Valenciana, mientras que Madrid es ahora la "única" que no ha querido regular este aspecto, aunque en Andalucía están pendientes de una reunión para aclarar si siguen la línea de la región o legislan la VTC.

Esta disparidad de criterios, a su juicio, requiere que el Gobierno central intervenga para establecer un "marco estatal mínimo" y no permitir que en España haya "taxis de primera y de segunda".

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