Acusan escaso avance en caso de activistas chiapanecos asesinados

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Ciudad de México. El Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN) establecieron hoy un “plantón permanente”, a las afueras de las sedes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Unión Europea en México, situadas en Polanco y Lomas de Chapultepec.

Los manifestantes expusieron que a 12 días del asesinato de dos dirigentes defensores de derechos humanos en Amatán, Chiapas, el gobierno federal “no ha investigado nada”.

Señalaron que el ataque policiaco-paramilitar perpetrado en contra sus integrantes, el 17 de enero pasado, es un “desafío directo” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Demandaron se castigue a los autores materiales e intelectuales de dicha agresión, es decir de “la desaparición, tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo (integrante de la coordinación estatal de MOCRI – CNPA MN y de la Comisión Política Nacional de CNPA-MN) y de José Santiago Gómez Álvarez, integrante del referido movimiento.

El vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutierrez Valencia, lamentó que “a 12 días del ataque policiaco-paramilitar, el gobierno federal aún no intervenga para resolver de fondo el conflicto social existente, a pesar de los llamados de diversos organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que lo han conminado a hacerlo y a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y llevar a los culpables materiales e intelectuales ante la justicia”.

No tienen la más mínima sensibilidad social ni voluntad política para resolverlo o qué intereses protegen”, sostuvo el vocero, y señaló que Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, aceptó públicamente que platicó con el senador Eduardo Ramírez Aguilar este tema y fue quien se negó a que se formara un Consejo Ciudadano en Amatán”.

Añadió que “el gobierno federal, con su continua omisión sigue encubriendo de esa manera a los Carpio Mayorga y su grupo paramilitar”.

Sostuvo que “los paramilitares siguen con su hostigamiento y amenazas de muerte; el 26 y 27 de este mes Félix Juárez Pérez, disparo con arma larga hacia la oficina de MOCRI-CNPA-MN ubicada en la comunidad de Cerro Blanco donde tiene un espacio el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE).

Narró que además el 27, de este mes, el sacerdote José Domínguez Domínguez recibió “amenazas de muerte vía redes sociales”.

Consideró que “el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante los hechos, debe darle una salida pacífica al problema, debe resarcir los daños causados y contribuir a reestablecer el tejido social de las comunidades y colonias del municipio de Amatán.

Exhortó a establecer diálogo con el mandatario y con Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas; “desmantelamiento de los grupos paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga, destitución inmediata de Manuel de Jesús Carpio como presidente municipal de Amatán, Chiapas; declaración de desaparición de poderes en Amatán por parte del congreso local, y dar reconocimiento al Consejo de Gobierno Indígena y Popular de Amatán”.

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