Piden prisión perpetua para asesinos de ambientalista hondureña

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Tegucigalpa. La fiscalía hondureña pidió este jueves condenar con "cárcel de por vida" a siete personas declaradas culpables del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016, mientras los defensores de los imputados propusieron penas de 20 a 33 años de prisión.

En una audiencia ante un tribunal, la fiscalía argumentó que los cuatro autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), "obraron con alevosía" cuando la mataron en la comunidad occidental de La Esperanza.

Indicó que los cuatro aprovecharon la oscuridad de la noche del 2 de marzo del 2016 para romper la puerta de entrada a su casa y matar a la ambientalista de 44 años, antes de huir en un vehículo.

Los defensores de los cuatro acusados, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres, demandaron la pena mínima, de 20 años por asesinato, y 13 años y cuatro meses por intento de asesinato.

Los cuatro fueron acusados también de "tentativa de asesinato" del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y al que dejaron herido creyendo que había muerto.

En tanto, la fiscalía pidió también cadena perpetua para los otros tres acusados: el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez; para el ex jefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, y al mayor del ejército, Mariano Díaz.

Los defensores de los tres pidieron 20 años de prisión.

El 30 de noviembre, el tribunal declaró culpable a Rodríguez, Díaz, Bustillo y otro ejecutivo de DESA por contratar a cuatro sicarios para que mataran a Cáceres, a cambio de unos cuatro mil dólares.

Los ejecutivos de DESA pensaron que matando a Cáceres podían seguir la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio indígena, según el fallo.

La dirigente indígena había sido amenazada de muerte por ejecutivos de DESA por encabezar manifestaciones para detener la construcción, por lo cual tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Antes de que el tribunal dicte sentencia, la Sala de lo Constitucional debe resolver dos amparos presentados por familiares de Cáceres y dirigentes del Copinh, quienes recusaron al juzgado por temor a que pretenda salvar de responsabilidad a prominentes banqueros hondureños socios de DESA, a quienes consideran autores intelectuales del crimen.

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