Pueblos indígenas rechazan ley de panteones ante Congreso CDMX

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Ciudad de México. Remitiéndose a la Carta Magna, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (que “dotan de una personalidad jurídica y autónoma a los pueblos indígenas como entidades de derecho público”), la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal exigió al Congreso de la Ciudad de México (CDMX) no aprobar en comisiones una iniciativa de ley de cementerios y panteones, “en tanto los pueblos originarios no seamos consultados debidamente para saber si requerimos una ley así”.

 La organización sostiene que la CDMX “debe recobrar y mantener la memoria de sus pueblos y barrios”, en “un proceso imperativo e inaplazable que enriquecerá sustantivamente la identidad de sus habitantes, ya que somos el pilar  y  los cimientos de esta gran ciudad. Nuestro sentido de arraigo y pertenencia nos ha permitido trascender los diversos cambios y transformaciones de la ciudad”.

 Los  pueblos  originarios “hemos luchado en la defensa de nuestras tradiciones y formas de organización ante iniciativas de ley que pretenden despojarnos del  reconocimiento natural y legal de los derechos sobre las tierras en que se ubican nuestros panteones”.

Los sucesivos gobiernos capitalinos desde 2001, subrayan, han insistido “en despojarnos y adueñarse de nuestros panteones; gracias a la organización comunitaria se han frenado sus iniciativas”.

El pasado 31 de octubre, el diputado local Victor Hugo Lobo presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se crearía una Ley del Servicio Público de Cementerios y Panteones y de Servicios Funerarios y Crematorios de la CDMX. El contenido del documento, ha declarado la unión, “vulnera la autonomía y la libre determinación de los pueblos y barrios originarios del Valle de Anáhuac”.

 Agregan: “Somos los dueños primigenios de los territorios que hoy día conforman la CDMX, y somos su cimiento; por  ende, somos dueños de los recursos naturales y todo lo que está dentro de nuestros territorios”. Sin embargo, los gobiernos federal, estatal y delegacional nos han humillado, maltratado y despojado de lo poco que queda en nuestros pueblos y barrios. Nos hemos venido organizando desde hace muchos años, por la defensa de nuestros territorios y  derechos  colectivos, en nuestra unión, integrada por representantes de bienes comunales y de bienes ejidales, cronistas, mayordomías, topiles, fiscales, cofradías, comisiones de festejos, comparsas de carnavales, habitantes originarios, pero principalmente por los responsables, encargados, patronatos y administradores de los panteones comunitarios”.

 Los indígenas no omiten comentar que “a raíz que se eligió por primera vez por voto directo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hemos sufrido los embates de una política de despojo, autoritaria y privatizadora”.

Atribuyen a “la participación amplia y decidida de los habitantes de los pueblos y barrios” haber detenido previamente la ley de Cementerios y Crematorios para el Distrito Federal, el Anteproyecto de Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en el Distrito Federal, la Norma de Reordenación Urbana No. 26, así como las leyes de Participación Ciudadana y de Sustentabilidad Hídrica (“Ley Mancera”).

 “Otro golpe a nuestros derechos colectivos fue cuando el Congreso de la Unión  aprobó la Reforma Política para el Distrito Federal, violando en forma flagrante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 2 y 39, pues jamás nos consultaron a los indígenas de la ciudad”.

 Precisan que, “si fuera el caso de elaborar tal ley”, los pueblos exigen que “una comisión de representantes sea parte del equipo que se encargue de planear, organizar y llevar a cabo la consulta”.

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