Organizaciones de Chiapas piden destitución del fiscal del estado

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San Cristóbal de Las Casas. Decenas de organizaciones civiles y de derechos humanos pidieron la destitución del Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca designado la víspera para nueve años en el cargo.

“Durante su gestión como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (hasta mediados de este año) se caracterizó por el uso de la fuerza pública para la represión a personas defensoras de derechos humanos”, dijeron.

En una carta dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, aseguraron que “integrantes de las corporaciones policiales que estaban a su cargo fueron denunciados por corrupción y de estar involucrados en violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias y torturas, hechos que continúan en impunidad”.

Señalaron que como titular de la dependencia “no realizó las acciones necesarias para prevenir la violencia hacia las mujeres y hubo un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género que hay en Chiapas”.

Las agrupaciones firmantes, entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), le manifestamos al mandatario que “es necesaria una transformación profunda de las instancias de procuración de justicia en nuestro país, y en Chiapas es urgente una fiscalía autónoma, así como un cambio de estructura y de funcionarios, los cuales están anquilosados en la corrupción y que actúan bajo el cobijo de la impunidad”.

Expresaron que “el nombramiento de Llaven Abarca, coloca a un fiscal comprometido con los grupos del poder político y del poder fáctico en el estado y envía una clara señal que su gobierno no sólo le apostará a la corrupción y a la impunidad sino a prácticas de represión y violaciones a derechos humanos, encubriendo a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos”.

Con este nombramiento, reiteraron, “se observa que existe una resistencia para implementar en la entidad las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos, que como gobierno está obligado a cumplir y respetar”.

Lamentaron que “en su lugar, se continúe con viejas prácticas y costumbres, que fomentan las violaciones a derechos humanos e incentivan que la tortura siga siendo una práctica generalizada y sistémica en Chiapas”.


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