Persiste violencia estructural contra mujeres e impunidad: EPUmx

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Ciudad de México. En México persiste una situación de crisis de derechos humanos, por factores como las agresiones y asesinatos contra activistas y comunicadores, la violencia estructural en contra de las mujeres y la falta de castigo a los perpetradores de dichos crímenes, alertaron diversas organizaciones civiles agrupadas en el #ColectivoEPUmx.

Luego de que esta mañana se llevara a cabo la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se examinó a México en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el mencionado colectivo subrayó que los niveles de impunidad, corrupción y violencia en el país siguen siendo preocupantes.

Durante la audiencia realizada en Ginebra, Suiza, los representantes de Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega destacaron en sus recomendaciones la necesidad de que haya esfuerzos nacionales, pero también ayuda internacional para combatir la impunidad en México.

El #ColectivoEPUmx –integrado por 245 organizaciones de la sociedad civil—insistió en la necesidad de crear una fiscalía verdaderamente independiente en el país y revisar la pertinencia de figuras como la cuestionada Ley de Seguridad Interior.

Como se ha informado en este diario, el EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en cada nación, y la primera vez que México fue evaluado fue en 2009.

En aquella ocasión, el país “reprobó” en temas como combate a la impunidad, y violencia contra las mujeres, entre otras violaciones de derechos humanos. En 2013, México fue evaluado de nuevo, pero se comprobó que no había atendido las recomendaciones de cuatro años antes.

“Hemos documentado que desde el final del segundo ciclo del EPU (en 2013), en México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos. Ello se ha expresado en un marco jurídico que favorece la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos”, destacó el colectivo.

Las organizaciones civiles recordaron que los encargados de la Cancillería en el próximo gobierno aceptaron la invitación de observar el EPU de este año, y los llamaron a sostener un encuentro público sobre el tema al asumir el gobierno el próximo 1º de diciembre, y cuando las nuevas recomendaciones del mecanismo de la ONU sean emitidas.

Asimismo, reiteraron su petición de que “se fortalezca la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones” y que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “colabore con el Estado mexicano para generar mecanismos que permitan implementar los resultados del presente ejercicio del EPU y mecanismos tendientes a erradicar la impunidad”.

Por su parte, Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, coincidió en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “ha reafirmado lo que desde la sociedad civil hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo: a pesar de los avances legislativos, éstos no se traducen en cambios reales para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos en el país; especialmente aquellas referidas a desaparición y tortura”.

El informe presentado por México en el EPU de 2018 “muestra que las medidas adoptadas por la administración saliente han sido claramente insuficientes para transformar la realidad que afronta el país. Problemas ya señalados en 2009 y 2013 en ediciones anteriores del EPU, como la falta de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siguen siendo focos rojos de atención a nivel internacional”, añadió.

De igual forma, Reneaum subrayó que “si el gobierno entrante realmente se toma en serio los derechos humanos, debe trazar una agenda de trabajo para implementar totalmente las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas. En el periodo de transición política, estas recomendaciones constituyen un punto de partida para revertir la crisis actual”.

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