Falta de sanciones ‘normaliza’ violaciones graves a DH: CDHDF

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Ciudad de México. La falta de sanción administrativa o penal de servidores públicos responsables de violaciones graves a derechos humanos ha contribuido a ‘normalizar’ conductas por parte de la autoridad, a que se repitan y, en consecuencia, a que no se atiendan y erradiquen las circunstancias que las generan.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que de febrero de 1994 al 30 de junio de este año, la CDHDF ha emitido un total de 339 recomendaciones, de las cuales 226, el 66.67 por ciento han sido aceptadas en su totalidad.

Mientras que de 137 recomendaciones en trámite, existen mil 19 puntos sujetos a seguimiento, por lo que los ejes del trabajo en materia de reparación llevados a cabo son: el trabajo centrado en las víctimas, las medidas de reparación integral (restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y las medidas estructurales de tipo progresivo.

En materia de reparación del daño a víctimas, 885 personas han sido sujetas a indemnización, pero a menos de una cuarta parte de éstas se les ha pagado una indemnización, 217, por los lineamientos emitidos, los cuales, sin embargo, establecen parámetros y criterios arbitrarios para determinarlas e incorporar a las víctimas a programas sociales, señaló.

La reparación del daño, explicó, busca consolidar los derechos de las víctimas frente al sistema de justicia, pero también distanciarse de una visión puramente pecuniaria, para abrazar medidas alternativas que restablezcan la dignidad, la reputación y el proyecto de vida de las víctimas.

Así que además del pago en efectivo, se contemplan las disculpas públicas o los memoriales, por las violaciones a derechos humanos sufridos, por una víctima, siendo los más comunes al debido proceso e integridad personal y las autoridades principalmente cometidas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, puntualizó la ombudsperson.

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