Dirige CNDH medidas cautelares a Semar y PGR por desapariciones

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Ciudad de México. Frente a los señalamientos en el sentido de que en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se ha presentado la desaparición de más de 30 personas, entre febrero y mayo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas.

Esta tarde, y luego que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, llamara la atención sobre estos hechos y denunciara que existen “fuertes indicios que (las desapariciones) habrían sido cometidas por una fuerza federal de seguridad”, la CNDH informó que en el periodo señalado ha recibido 21 quejas que hablan de la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, seis varones y una mujer menores de edad. A los que se deben sumar seis personas más que desaparecieron después de la emisión de las primeras medidas cautelares.

El organismo nacional también ha solicitado informes a la Semar, a la PGR, a la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y al gobierno municipal de Nuevo Laredo.

Visitadores y peritos de la CNDH han acudido a este municipio en seis ocasiones, para recabar testimonios, entrevistar autoridades y realizar trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de diversos lugares de hechos. Además, han realizado labores de acompañamiento a víctimas; han brindado apoyo psicológico y han acudido como observadores a reuniones entre víctimas y autoridades.

En todas estas ocasiones, los visitadores acudieron a dos bases navales ubicadas en Nuevo Laredo, así como a la localizada en la población de Colombia, en una de ellas acudieron otras autoridades.

Las medidas cautelares dirigidas a la Semar tienen como objeto que se giren instrucciones a los servidores públicos de esa dependencia armada que se encuentren realizando labores en Tamaulipas para que toda diligencia o actuación que se practique se realice con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, así como que cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad, buscando salvaguardar debidamente a la población civil.

Agregó que en caso de que se lleven a cabo cateos en domicilios particulares, se observen las formalidades exigidas en la Constitución y se circunscriba exclusivamente al domicilio señalado en la orden judicial y ajustarse al objeto de la misma, previa solicitud expresa de intervención por parte de autoridad administrativa civil.

También que durante y posterior a las diligencias o actuación que realicen los marinos en sus operativos se garantice el respeto de la integridad física y la vida de la población civil y no se incurra en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, trato cruel y/o degradante, tortura, ni imputación indebida de hechos, así como se respete la integridad personal y la vida.

Otras demandas a la Semar son: que se garantice el respeto a los bienes y no se causen daños a los mismos, ni se incurra en sustracción de objetos, y todo aquello que sea recabado de dichos inmuebles sea puesto inmediatamente a disposición de la institución ministerial; que aquellas personas que sean detenidas en probable delito flagrante sean inmediatamente puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, y no sean conducidas de manera inicial a instalaciones navales o militares; y que toda diligencia o actuación por parte de los elementos de la Semar sea videograbada, con fundamento en el Manual del Uso de la Fuerza, Aplicación Común de las Fuerzas Armadas.

Las demandas de la CNDH a la PGR son: que se giren instrucciones a los agentes del Ministerio Público de la Federación de su delegación en Tamaulipas para que ajusten su actuar a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición para que toda diligencia o actuación se lleve a cabo de manera inmediata, pronta, diligente, desprejuiciada, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida, exhaustiva, participativa, coordinada y sin obstrucciones, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación, así como con la debida diligencia, con pleno respeto a la legalidad y seguridad jurídica, respetando en todo momento los derechos fundamentales en favor de los denunciantes en su calidad de víctimas de delito y de posibles violaciones de derechos humanos.

También que se realicen todas las diligencias que correspondan con prontitud, imparcialidad y profesionalismo que se requieran para la integración de las carpetas de investigación que se encuentran radicadas, para obtener la entrevista completa con las víctimas de delito y testigos de los hechos y se les reciban todos sus elementos de prueba; que se efectúen todas las diligencias que resulten procedentes en el lugar de los hechos a fin de que no se pierda evidencia y, de ser el caso, se dé intervención a los peritos en las materias que correspondan.

La CNDH también exigió a la PGR que se permita el acceso a las carpetas de investigación a los denunciantes y víctimas de delito y de posibles violaciones a derechos humanos, se proporcione información de manera clara y precisa sobre los derechos que tienen en dichas calidades, el estado que guardan las mismas, las diligencias efectuadas y las que se encuentran pendientes de realizar, evitando cualquier revictimización, obstaculización u omisión que genere retraso en la procuración de justicia, así como se les proporcione oportunamente la información que requieran respecto de la integración de las indagatorias, y se les aclaren las dudas que manifiesten, para no generar incertidumbre del procedimiento de investigación instaurado y los resultados obtenidos.

Las medidas cautelares solicitadas a la PGR incluyen además que se permita el acceso a las carpetas de investigación a la CNDH y se le proporcione copias de las carpetas radicadas por estos hechos; y que se giren instrucciones a quien corresponda para el caso de localizar cuerpos sin vida de las personas denunciadas como desparecidas se atienda de manera estricta lo establecido en la ley en la materia, la cual establece que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

La CNDH subrayó que en este caso la actuación de las autoridades debe ceñirse al respeto a los derechos humanos y detalló que continuará con la investigación de los hechos, a cuyo término emitirá la resolución que corresponda.

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