Desecha Corte impugnación del PRI en Chiapas

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Ciudad de México. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, desechó por considerar notoriamente improcedente una acción de inconstitucionalidad presentada por el PRI, con la cual pretendía impedir el registro de candidaturas comunes para gobernador en el estado de Chiapas, y que todos los partidos tuvieran que presentar candidaturas propias y no en alianzas.

El máximo tribunal del país dio a conocer el acuerdo a través del cual Piña Hernández desechó el recurso con el cual el PRI impugnó el acuerdo del órgano electoral local, que modificó los lineamientos para que los partidos políticos pudieran presentar candidaturas comunes en los comicios para gobernador en el proceso electoral en curso.

El acuerdo fue adoptado el 15 de enero de 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, así como de una “fe de erratas” al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, las cuales fueron publicada el 28 de junio del año pasado.

Al analizar la solicitud de invalidez de la “Fe de erratas”, la ministra instructora señaló que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

El acuerdo detalla que el plazo para promover oportunamente la acción de inconstitucionalidad intentada contra la referida norma transcurrió del jueves 29 de junio al viernes 28 de julio de 2017; pero el escrito respectivo se presentó a las 23:38 horas del 14 de febrero de 2018, por lo que la presentación de la demanda resulta extemporánea y debe desecharse.

Sobre la solicitud de invalidez del acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, la ministra destacó que las acciones de inconstitucionalidad comprenden solamente a normas de carácter general, pero no de cualquiera de éstas, sino sólo aquéllas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados internacionales.

Precisó que el acuerdo combatido es un acto administrativo dictado por una autoridad electoral local, como lo es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

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