La pena para los autores intelectuales será de 10 a 15 años de prisión, con agravantes cuando se atente contra personas de la tercera edad o con discapacidad, o cuando el delincuente se haga pasar por funcionario.

Buscan fortalecer “el marco jurídico de protección a las víctimas del delito”, principalmente niños, adolescentes, mujeres y la comunidad LGBT+.