Hermosillo, Son. A más de un mes del incendio que devastó la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo y dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 15 lesionadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que esta semana fueron llamados a comparecer integrantes del órgano directivo superior de la empresa, como parte de las diligencias que continúan en curso para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Fiscalía de Sonora dijo que desde el inicio de la investigación se han realizado todas las actuaciones necesarias, incluyendo la toma de declaraciones de directivos, gerentes, empleados y prestadores de servicios vinculados con la operación de la sucursal siniestrada. Precisó que, por disposición legal, no es posible divulgar nombres, cargos ni fechas de comparecencia mientras la carpeta de investigación permanezca en integración, al tratarse de una reserva que busca garantizar la secrecía del procedimiento, el debido proceso y la presunción de inocencia.

La Fiscalía advirtió además que la difusión irresponsable de información no verificada podría poner en riesgo el desarrollo y el resultado de la investigación, considerada una de las más complejas por el número de víctimas y la magnitud del siniestro.

El incendio ocurrió en el inmueble ubicado sobre la calle Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros, en pleno centro histórico de Hermosillo, una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad. El lugar permanece acordonado, convertido en una zona de acceso restringido donde peritos especializados continúan trabajando entre estructuras colapsadas, restos calcinados y áreas inestables en busca de indicios que permitan reconstruir con precisión cómo se originó y propagó el fuego.

De acuerdo con la FGJES, la carpeta de investigación integra hasta el momento 553 actos de investigación, así como 198 requerimientos dirigidos a instituciones y dependencias de los distintos niveles de gobierno. Peritos de múltiples especialidades han elaborado 150 dictámenes, que abarcan desde estudios médico-legales hasta análisis estructurales, eléctricos y de dinámica de incendios.

Uno de los hallazgos centrales del peritaje forense es que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gases tóxicos, y no por quemaduras, lo que confirma que quedaron atrapadas dentro del establecimiento sin posibilidad real de escape, en un contexto de ventilación deficiente y ausencia de rutas de evacuación funcionales.

Las investigaciones también han puesto bajo la lupa el cumplimiento de las normas en materia de Protección Civil. Recién ocurrió el siniestro, el secretario de Gobierno en Sonora, Adolfo Salazar Razo, confirmó que la tienda carecía de un Plan Interno de Protección Civil vigente. Dicho documento fue autorizado en 2019 y revalidado en 2020 por la pasada administración estatal; sin embargo, en 2021 el gobierno actual rechazó su revalidación por incumplimientos, pese a lo cual el establecimiento continuó operando con normalidad.

“Cada expediente y cada trámite están en revisión. Entregaremos toda la documentación necesaria para determinar responsabilidades”, señaló el funcionario estatal, al confirmar que se analizan posibles omisiones en supervisión y control.

Por su parte, el fiscal general Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que la empresa ha sido formalmente requerida para entregar permisos, registros de operación y documentación interna, y que los propietarios manifestaron su disposición a asumir la responsabilidad que corresponda, además de brindar apoyo a las familias afectadas. El fiscal detalló que se encuentran bajo análisis la instalación eléctrica interna, los paneles solares del edificio, así como una posible falla en el sistema de ventilación y evacuación, elementos clave para comprender la rápida propagación del humo y el fuego.

Tras la tragedia, y a menos de 24 horas del siniestro, la cadena comercial cerró 68 sucursales en Sonora, mientras avanzan las inspecciones y las indagatorias.