Guadalajara, Jal. Para visibilizar el estado de indefensión en que se encuentran ante el desinterés de la Fiscalía de Jalisco y el Poder Judicial del Estado, autoridades tradicionales de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo Azqueltan, del municipio de Villa Guerrero, aprovecharon el foro de la FIL Guadalajara para dar a conocer las agresiones que han tenido como punto culminante el homicidio, el pasado 26 de noviembre, de su líder agrario Marcos Aguilar Rosas, y las lesiones por arma de fuego contra su hermano Gabriel.
El ataque contra los hermanos Aguilar, perpetrado por un grupo armado en el predio comunal "El Caracol", no es un hecho aislado, sino el episodio más violento en una larga estrategia de despojo territorial que la comunidad enfrenta en particular desde 2015, caracterizada por invasiones, agresiones paramilitares, amenazas y una estructura de impunidad que protege a los agresores.
Mario González de la Cruz, secretario de las dos culturas de Azqueltan, y Ramiro Reyes Márquez, representante agrario de la comunidad, sostuvieron ante medios nacionales e internacionales que se dan cita en la feria que el crimen contra Marcos Aguilar fue premeditado y busca exterminar su organización comunal para apropiarse de miles de hectáreas, luego que los comuneros iniciaron una solicitud de titulación de sus tierras ancestrales en 2015.
Recordaron que el conflicto se centra en la posesión de un territorio que, según un título virreinal de 1733, comprende 94 mil 400 hectáreas aunque el reclamo de la comunidad sólo abarca 39 mil ante el Tribunal Agrario. Pese a ello la respuesta violenta de parte de supuestos pequeños propietarios mantiene un estado de alta tensión y miedo de los habitantes de la comunidad ante el temor de nuevas incursiones.
Testigos de las agresiones el 26 de noviembre han señalado a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, y a Víctor Hugo Pérez, como los presuntos agresores directos, personas que además han participado en anteriores agresiones y desapariciones sin que las autoridades estatales o municipales hagan algo al respecto para impedirlo.
Denunciaron que la impunidad de los agresores está amparada y protegida por operadores judiciales, policías y funcionarios que bloquean investigaciones y encubren crímenes. Este patrón incluye casos previos de tortura, secuestro y desplazamiento forzado de defensores de la tierra, los cuales han quedado sin castigo
JALISCO AGRESOREn la rueda de prensa se informó que en lo que va del sexenio federal y estatal, en Jalisco “estamos viviendo patrones de violación contra la labor del derecho a defender derechos humanos, que no se habían presentado de manera tan acelerada y violenta en las últimas décadas”.
Según datos de la organización EDUCA, en el primer año de la presidenta Claudia Sheimbaum, han sido asesinadas 37 personas defensoras de derechos humanos en el país, pero en la documentación y análisis que ha realizado el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), en Jalisco de noviembre de 2024 a la fecha han sido asesinadas 10 personas defensoras de derechos humanos, 5 mujeres y 5 hombres, desde la llegada del emecista Pablo Lemus al gobierno estatal.
Esto representa que alrededor del 27 por ciento de los homicidios contra activistas en México han ocurrido en Jalisco durante el año reciente.
De los 10 asesinados en el estado, 6 personas son defensoras de la tierra y el territorio, 3 son personas buscadoras y una defensora de los derechos de la diversidad.
“Y de esas 10 personas cobarde e impunemente asesinadas 6 pertenecen a comunidades y municipios del interior de Jalisco y 4 al Área Metropolitana de Guadalajara”, dijo María González, del IMDEC.
En la lista de asesinados por su labor y activismo, en la cual todos los casos se mantienen en la impunidad, están Abraham Alejandro Gobel, defensor ambiental, quien murió en noviembre de 2024; también Juan Pablo Alonso Estrada, defensor por la paz comunitaria, quien murió en marzo pasado.
Llama la atención que después del descubrimiento del rancho Izaguirre, el campo de entrenamiento de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Teuchitlán, fueron asesinadas dos madres y un padre buscador, todos en abril: Teresa González Murillo, María del Carmen Morales y Jaime Daniel Rámirez.
Además en mayo mataron a Karina Rúiz Ocampo, defensora del agua; Katia Daniela Medina Rafael, defensora por los derechos trans y LGTB+, en agosto; a Judith Alvarado Rodíguez, también defensora del agua y también en agosto.
La lista de homicidios contra activistas en Jalisco desde que el gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, está en el poder, la complementan Cándido Essaú Román Pérez y Marcos Aguilar Rojas, ambos defensores del territorio y los dos en el mes de noviembre.
