Chihuahua, Chih. El Congreso del Estado de Chihuahua promoverá un juicio constitucional en contra de la nueva Ley General de Aguas bajo el argumento de que la referida legislación se aprobó sin consulta previa a pueblos indígenas y es violatoria de la autonomía municipal, respecto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Una mayoría de 13 diputados del partido Acción Nacional (PAN) y tres diputados del Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor de un punto de acuerdo para exhortar a que gobiernos municipales presenten una controversia constitucional, por la omisión de una consulta previa e informada a la comunidades indígenas, de conformidad al artículo 2 constitucional, ya que la Ley General de Aguas les impacta directamente en sus sistemas comunitarios de abasto de líquido, regulados por el artículo 43 de la propia ley.

También solicitaron que los ayuntamientos cuestionen la violación a su autonomía y a su capacidad de proveer servicios públicos de agua potable, un área donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya les ha reconocido interés legítimo en resoluciones pasadas.

La proposición con carácter de punto de acuerdo que presentó el legislador priista Roberto Medina Aguirre, fue rechazada por una minoría de 12 diputados locales de Morena y del Partido del Trabajo quienes no lograron detener su aprobación, y destacó la oposición de la representante indígena del municipio de Guachochi, Edith Palma Ontiveros, con una respuesta al Prian en lengua rarámuri para evidenciar que no representan a los pueblos de la Sierra Tarahumara.

“Una autoridad chabochi (mestizo) pretende usurpar la personalidad jurídica de gobernadoras y gobernadores indígenas, no hemos entendido que el artículo segundo constitucional obliga a los tres niveles de gobierno, incluidos municipios, a respetar la autonomía de los pueblos originarios, pero nos utilizan”.

“Le pregunto a los productores agrícolas, ¿han platicado cómo están perjudicando a los indígenas en lo educativo?, en tiempo de cosechas contratan familias completas de rarámuris, y las escuelas se quedan sin niños; si vamos a hablar del agua, hablemos de las consecuencias que trae también”.

Señaló que legisladores del PRI y PAN “quieren tener la razón a fuerzas, al gritar, pero hay que aprender a hablar, quien quiera representar a pueblos originarios, tendrá que aprender a comportarse como indígena, ni siquiera nosotros en fiestas tradicionales nos gritamos”.

“Es una ley centralista que no tomó en cuenta a los agricultores ni a los ganaderos, y lo más grave, tampoco a los pueblos originarios. Viola de manera flagrante el artículo segundo constitucional, porque nunca se consultó a las comunidades indígenas”, declaró el diputado del PRI, Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Poder Legislativo, en relación a la nueva Ley General de Aguas.

Criticó que la legislación en materia hídrica se aprobó de manera acelerada, sin diálogo y con una visión autoritaria por parte de la mayoría de Morena.

Asimismo, cuestionó que “no se escuchó al campo chihuahuense ni a los productores del país, quienes sostienen la economía real y dependen del uso del agua para mantener la seguridad alimentaria, se impuso una visión centralista construida desde escritorios que nunca han pisado la tierra que alimenta a México”.

Advirtió sobre la improvisación del dictamen, con más de 50 modificaciones de última hora, “evidenciando que ni siquiera sus impulsores tenían claridad sobre su alcance, por ejemplo, la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, un mecanismo cuya operación se definirá después mediante reglamento”.

“Ese fondo abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción. Cuando algo tan delicado como el agua queda sujeto a decisiones sin controles, sin reglas claras y sin participación ciudadana, el riesgo es enorme”, alertó.