Ciudad de México. Aunque la corrupción en México se moderó durante el primer semestre de 2025, casi la mitad, --45.2 por ciento--, de las personas mayores de 18 años en áreas urbanas, que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, fue víctima de dichos actos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La moderación de estos actos de corrupción estuvo de la mano de la disminución en las mujeres mayores de edad, pues en el segundo semestre de 2024 el porcentaje que fue víctima ascendió a 41.8 y para el primer semestre de este año fue de 36.8 por ciento. Mientras que para los hombres pasó de 50.2 por ciento a 49.9 por ciento en el periodo de referencia.
En vísperas del Día Internacional contra la Corrupción, el 9 de diciembre, cuya conmemoración tiene el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate, el Inegi mostró que el porcentaje de la gente que está involucrada en actos indebidos durante enero-junio del presente año, cuando tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, fue el más bajo desde el primer semestre de 2023, cuando fue de 43.5 por ciento, pero sigue dentro del promedio en los últimos años.
En tanto, de enero a junio de 2025, 8.9 por ciento de personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción. Este porcentaje fue mayor en hombres (10.2 por ciento) que en mujeres (7.9 por ciento).
Empresas afectadas
Con datos de 2023, el organismo autónomo detalló que 169 mil 769 empresas (3.5 por ciento) en el país fueron víctimas de corrupción. Esta prevalencia de corrupción es menor a la registrada en 2017, año con la prevalencia más alta en el periodo analizado, pero superior a la de 2021, 2.8 por ciento.
Las empresas medianas fueron las más afectadas por actos de corrupción. Por cada microempresa víctima de corrupción hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación. Por sector económico, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de corrupción en las empresas de los sectores comercio, industria y servicios (promedio de 3.6 por ciento).
Las faltas administrativas ocurren cuando las personas servidoras públicas cometen actos u omisiones que incumplen o transgreden los principios y obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Durante 2023, se iniciaron 40 mil 145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la administración pública federal (APF), lo que representó una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas.
A nivel estatal, por cada mil personas servidoras públicas se iniciaron 34.6 investigaciones durante 2023. Quintana Roo y Chihuahua tuvieron las tasas más altas, con más de 130 investigaciones por cada mil personas adscritas a las instituciones públicas estatales, mientras que en 6 entidades federativas esta tasa fue de menos de 10 investigaciones por cada mil personas.
Durante 2023, 2 mil 341 personas servidoras públicas de la APF fueron sancionadas, lo que equivale a una tasa de 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas, la más baja desde 2018.
