Las oleadas de violencia en Michoacán siguen imparables y continúan generando estupor ante los crecientes atrevimientos del crimen organizado para acallar a todo aquel que se atreva a levantar la voz sobre sus turbios negocios. Los recientes asesinatos de Bernardo Bravo, líder empresarial limonero del Valle de Apatzingán, (19 de octubre) y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (1º de noviembre), son los dos últimos eslabones de una cadena ya larga de figuras públicas ultimadas (que incluye a Hipólito Mora, 29 de junio de 2023).
Mi libro Territorios violentos en México: el caso de Tierra Caliente, Michoacán (https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=1017) analiza los ciclos de violencia entre 1910 y 2020. Documenta que la presencia del crimen organizado en Michoacán es larga. Se remonta por lo menos a la década de 1940 y al trasiego de enervantes, pero su relación con la población ha sido diferente a lo largo del tiempo.
En Tierra Caliente del Valle de Apatzingán, en casi todo el siglo XX hubo una relación simbiótica con los “contrabandistas” (como se solía llamarlos en cada ranchería). Los terracalentanos se veían beneficiados por ellos: pagaban buenos salarios en sus sembradíos, precios justos por las cosechas de enervantes –que muchos pequeños productores cultivaban–; hacían obras sociales y fiestas para todo el pueblo, pues competían por el prestigio social. Los contrabandistas eran figuras queridas y no esquilmaban a la ciudadanía.
Esas relaciones se transformaron radicalmente al comenzar el siglo XXI. Todo cambió con la llegada de Los Zetas a Michoacán. Éstos no sólo empezaron a controlar el trasiego de enervantes y a incursionar en las drogas sintéticas, sino que ante todo exprimen territorios y poblaciones. Imponen el cobro de piso en casi todas las ramas productivas. No les preocupa ganarse el cariño de la gente, a la que expolian y vejan. La familia michoacana, con ayuda solicitada a la población aterrorizada, logra expulsarlos de la entidad entre 2006 y 2008. Empero, en adelante todos los grupos del crimen organizado que se suceden –pese a cierto grado de filantropía y mística religiosa que imprime a su dominio La familia– impondrán el mismo modelo de expoliación inaugurado por Los Zetas en Michoacán (que luego replican en otras entidades). Las organizaciones criminales dominantes se transforman en grandes empresas piramidales que someten por medio del terror a poblaciones enteras.
La experiencia de Michoacán indica que cuando un grupo criminal logra imponer un control territorial monopólico con cierta estabilidad, las tasas de homicidios dolosos suelen mantenerse a la baja (así ocurrió con La familia y con Los caballeros templarios). Pero cuando entran en proceso de fragmentación (escisiones frecuentes) y de realineamientos incesantes, como se ha venido dando desde el descabezamiento de Los templarios en 2013, las tasas de homicidios tienden al alza. Desde entonces, los ciclos de violencia, salvo breves treguas, han sido una constante. Ello se traduce en mayor inseguridad y zozobra para la población, que no sabe a qué atenerse, pues si se alinea con un grupo (y ello es inevitable), cuando llega el grupo contrario toma venganza e inicia una limpia dolorosa.
Dado que no hay nada que regule la lucha por los territorios entre organizaciones rivales, la violencia es una constante. Esa guerra hobbesiana entre cárteles hoy va adquiriendo tonos cada vez más cruentos para la población que queda en medio de sus enfrentamientos: minas terrestres, drones cargados de explosivos, armamento pesado. Ello es la causa de oleadas de desplazados forzados internos, pero también del asesinato de cualquiera que se atreva a levantar la voz.
Frente a esos ciclos de violencia y la fuerte indignación que causó en la sociedad el artero asesinato de Carlos Manzo (que lastima lo que entendemos por vida civilizada), se construyó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Es una buena noticia que su diseño desde Palacio Nacional haya tomado en cuenta la voz de diversos sectores de la sociedad michoacana y de autoridades locales. Pero su elaboración en un tiempo tan breve (una semana) le hace tener varias falencias, que sobre la marcha se deben ir corrigiendo. Por ejemplo, no se consultó a la mayor parte de las 500 comunidades indígenas de la entidad (sólo a las 48 que tienen autogobierno), tampoco a colectivos de la sociedad civil acompañantes de víctimas de la violencia.
Además, cualquier plan no puede ser eficaz sin voluntad política para desmantelar la zona gris de colusiones entre autoridades locales y crimen organizado (que tiene presencia en los 113 municipios de la entidad), en la cual se han atorado los del pasado. Sin esa voluntad, las más de 12 organizaciones criminales que operan en Michoacán no podrán ser desmanteladas y seguirán atreviéndose a acallar las voces de quienes desafíen su autoridad. Son los verdaderos poderes de facto en muchos territorios michoacanos.
*UAM Unidad Xochimilco
