Acapulco, Gro. A dos meses del asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), el caso sigue en la impunidad, acusó el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que exigió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República.

Suástegui Muñoz murió el 25 de abril mientras era atendido en un hospital de Acapulco, después de ser herido de tres impactos de bala el 18 de abril en la playa Icacos, en la zona Dorada del puerto, al concluir sus labores como prestador de servicios turísticos.

Tlachinollan señaló que "la Fiscalía General del Estado se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental", y agregó que dicha instancia se limitó a realizar las primeras diligencias a que por ley está obligada, pero no ha presentado ningún avance.

El Centro de Defensa advirtió que el crimen contra Suástegui Muñoz ocurrió a plena luz del día ante decenas de testigos, en un lugar público, con afluencia de turistas y prestadores de servicios, por lo que es inconcebible que a la fecha, no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa, y que seguramente vieron cómo era agredido.

Asimismo, los dueños de hoteles deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado contra el defensor del medio ambiente.

Tlachinollan insistió que existen varios datos de prueba que la fiscalía estatal puede conseguir, sin embargo, se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia.

"Al gobierno de Guerrero no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime", indicó el órgano defensor de derechos humanos, al recordar que cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional, condenaron el homicidio de Marco Antonio Suástegui.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, así como diferentes relatorías temáticas de la ONU, manifestaron su preocupación por la gravedad del caso.

"Son las instancias internacionales las que están más atentas por lo que sucedió con el defensor comunitario, evidenciando la indolencia de las autoridades del estado, que demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente", expresó Tlachinollan por medio de un documento, que criticó que las autoridades esperan que sean los familiares los que señalen a algún sospechoso, que sean ellos quienes aporten elementos, dejando la carga de la investigación a las víctimas.

Aunado a ello, manifestó Tlachinollan, ni la fiscalía ni el gobierno estatal han brindado medidas de protección a los familiares del vocero del Cecop.

"Ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero, exigimos que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República y sea esta representación social federal la que lleve a cabo todas las investigaciones, ubicando a la brevedad a los responsables, a fin de evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas o que los responsables evadan la acción de la justicia", demandó Tlachinollan.