Nuevo Laredo, Tamps. En medio del debate nacional por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, industriales de Nuevo Laredo lanzaron un llamado urgente al gobierno federal: que la reforma venga acompañada de incentivos claros y una implementación gradual. Para ellos, no se trata de oponerse al bienestar laboral, sino de evitar consecuencias adversas como cierres de empresas y pérdida de empleos.

Miguel Ángel Vázquez Maldonado, presidente de Canacintra en esta ciudad fronteriza, explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan ya una presión significativa por los cambios recientes, como el aumento al salario mínimo y la ampliación de las vacaciones. “Si sumamos una jornada reducida sin respaldo, estamos hablando de una posible crisis operativa para muchas empresas”, alertó.

El organismo propone una ruta más realista: aplicar la reforma de manera escalonada y establecer estímulos fiscales que permitan a las empresas adaptarse sin desestabilizar su productividad. “El Estado debe asumir un rol corresponsable si quiere que esta medida sea sostenible”, afirmó el líder empresarial.

Más allá de los números, el sector advierte sobre el efecto en cadena que una implementación forzada podría generar. Las empresas familiares, que son mayoría en la región, podrían no resistir un nuevo golpe económico, lo que afectaría directamente al empleo local y a la cadena de suministro regional.

Canacintra Nuevo Laredo insistió en que el gobierno debe pasar del discurso a la acción, y abrir un canal efectivo de comunicación con los empresarios. “Es hora de que nuestras propuestas se traduzcan en política pública. No estamos en contra del cambio, pero sí exigimos que sea justo y viable para todos”, concluyó Vázquez Maldonado.