La historia de uno entre al menos 117 mil 575 personas, ¿puede cambiar la historia de un país? Un total de 117 mil 575 personas han desaparecido en México, según estimaciones oficiales, algunos hablan de cifras cuatro veces superiores. Decenas de miles de personas y familias tratan de encontrar respuestas, luchando y combatiendo contra el silencio, los muros y el intento de que esta terrorífica historia no salga del país. Entre ellos está la familia de Antonio González Méndez, base de apoyo zapatista desaparecido el 18 de enero de 1999, en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento de enero de 1994, como escribe el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en su página web.

Si Chiapas hoy está cerca de la guerra civil, vale la pena recordar que nunca ha estado realmente en paz. Militarización, paramilitarización, guerra de baja intensidad y luego una suma de prácticas que hoy se mezclan con el crimen organizado, han marcado al estado fronterizo con Guatemala desde al menos 1994, como han denunciado asociaciones, periodistas y centros de derechos humanos nacionales e internacionales.

Es fácil encontrar relatos y denuncias en la red, y cruzando el estado son muchos los cuentos que se encuentran en bares, muros, restaurantes y calles. La historia de Antonio me llegó de un amigo italiano que está pensando venir a Chiapas y está tratando de entender la gravedad de la crisis de seguridad actual. Lo descubrió por casualidad en SoundCloud mientras escuchaba un podcast de Supervivencia Cultural.

El 12 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) verá el caso de González Méndez. En la página web de la corte se lee: “Se arguye que esta desaparición no habría sido un hecho aislado, sino que formaba parte de un contexto de operaciones llevadas a cabo por grupos armados paramilitares que operaban en Chiapas desde 1995, los cuales habrían operado debido a un plan estatal que buscaba romper la relación de apoyo entre la sociedad civil y el EZLN.

Por lo anterior, se investiga la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial, así como las obligaciones de no practicar la desaparición forzada, establecidas en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respectivamente, en contra de Antonio González Méndez”.

Para el Centro de Derechos Humanos de San Cristóbal “el Estado mexicano es responsable por la desaparición forzada y por la falta de investigación”. Conseguí hablar con el supervisor del caso, que me contó que en la última audiencia, la de julio de 2023, “el Estado mexicano negó su responsabilidad respecto de esas dos circunstancias.

En esa audiencia la CIDH determinó o sostuvo que el Estado mexicano sólo era responsable por la falta de investigación y no así respecto a la desaparición forzada”. Habría sido el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia el que hizo desaparecer a Antonio, uno de los grupos paramilitares que las reconstrucciones históricas/políticas/periodísticas consideran que fueron formados, armados y movidos por el Estado mexicano con el objetivo de acabar con la lucha de los pueblos chiapanecos por su autonomía.

Si el 12 de diciembre la Coridh va a discutir la responsabilidad de México en el caso, es sólo gracias a la pareja de Antonio González Méndez, Zonia, quien ha hablado de desaparición desde el primer día. Zonia e hijas de Antonio, ante el silencio del Estado mexicano y la reticencia de los órganos nacionales, decidieron llevar la denuncia a instancias internacionales y encontraron en el Frayba a los compañeros de viaje. Primero la denuncia fue llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego hasta la Corte Interamericana.

A casi 26 años de la desaparición de An tonio, se puede abrir una brecha en la historia de las desapariciones forzadas en México. No es un caso único ni particular, pero es, señala el Frayba, representativo del actuar del Estado en Chiapas contra los insurgentes y los pueblos en resistencia. Será la primera sentencia de la CCoridh que se enmarca en el contexto contrainsurgente y de crímenes de lesa humanidad. El 12 de diciembre, los compañeros del Frayba concluyen: “Hay una audiencia pública donde la Corte Interamericana hace una lectura de la sentencia. Básicamente se decidirá si el Estado mexicano es responsable internacionalmente por la desaparición forzada y por la falta de investigación”.

Es el coraje y la perseverancia de las familias lo que rompe el silencio. Las madres buscadoras, las familias de los 43 de Ayotzinapa, Zonia y su familia están rescribiendo la historia de México. Así, el 12 de diciembre en México podría pasar a la historia no sólo por ser el día de Nuestra Señora de Guadalupe.

*Periodista italiano