Ciudad de México. El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) confirmó su retiro de las mesas de trabajo del Acuerdo Nacional por el Maíz y la Tortilla, encabezado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), debido a la falta de avances significativos para estabilizar los precios del producto, cuando el gobierno fijó como meta reducir 10 por ciento en términos reales durante el sexenio.

A pesar de haber presentado un diagnóstico del sector y propuestas para estabilizar el precio de la tortilla desde el pasado 14 de noviembre, el CNT agregó en un comunicado que no se han tomado las acciones necesarias para enfrentar los retos de la industria, cuando en el país hay más de 123 millones de consumidores que dependen de este alimento básico.

“Julio Berdegué, titular de Sader, cuenta con todos los elementos necesarios para tomar decisiones que estabilicen el precio de la tortilla. Sin embargo, seguimos sin ver resultados concretos”, afirmó Homero López García, presidente del consejo.

Señaló que mientras la secretaría ha exigido transparencia sobre los costos de producción a los industriales de masa y tortilla, no se han aplicado medidas similares a las grandes harineras u otros proveedores del sector, “lo que evidencia una disparidad en el escrutinio y la regulación”.

En octubre pasado el secretario explicó que se buscaría trabajar con toda la cadena de producción para analizar cómo disminuir el precio de la tortilla, que sería de 10 por ciento en términos reales, y se realizaría a través de la creación de un Acuerdo Nacional del Maíz y la Tortilla.

“Estamos dispuestos a colaborar con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, esto debe ir acompañado de acciones claras que protejan al sector, erradiquen la competencia desleal y promuevan la formalización de la industria”, destacó el dirigente tortillero.

La CNT cuestionó en su comunicado la falta de equidad en las inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre el monitoreo del precio dela tortilla.

Detalló que aunque la dependencia ha supervisado 530 tortillerías en el país, no aplica el mismo rigor a los abarrotes que las comercializan calientes en condiciones insalubres, “un problema que representa un grave riesgo para la salud pública”.

“Instamos a Profeco a inspeccionar también estos establecimientos y abordar las irregularidades queafectan tanto al consumidor como a la industria formal”, señaló Homero López.