San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), denunció que representantes de diferentes empresas han acudido en los meses recientes al municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, con el propósito de tratar de reiniciar la explotación minera en al menos 10 localidades.

“Esta situación pone en riesgo la estabilidad de las comunidades que han decidido rechazar estos proyectos extractivos y han estado en resistencia por mantener la paz y la armonía desde la defensa de los derechos humanos y colectivos”, agregó en un comunicado.

Manifestó que “la respuesta de estos grupos con intereses personales, económicos y políticos ha sido la intimidación, el hostigamiento y las amenazas de muerte en contra de nuestras compañeras y compañeros defensoras y defensores de derechos humanos como recurso para frenar la lucha en la defensa de la vida y el territorio”.

La agrupación recordó que en 2009, cuando fue asesinado Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor la extracción minera, “los habitantes de Chicomuselo han sido testigo de las afectaciones ambientales, daños a la salud, división comunitaria y conflictos sociales, entre otros, provocados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd en el ejido Grecia”.

Agregó que las actividades que realizó esa empresa, que extraía barita, afectaron principalmente “el agua subterránea, ríos, arroyos, bosques, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región, lo que culminó con el asesinato” de Mariano Abarca.

El Modevite expresó su preocupación “ante el contexto de inseguridad, la violencia y la amenaza latente de reactivar las actividades mineras en Chicomuselo, a causa de la falta de intervención de los tres órdenes de gobierno”.

Señaló que en los meses recientes “se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en las localidades de El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia, Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades que se verán afectados con estas actividades”.

Expresó que “se han presentado denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre el caso Chicomuselo, pero la respuesta ha sido la falta de interés vulnerando los fundamentos legales plasmados en el marco jurídico nacional e internacional”.