El derecho a la educación es uno de los pilares fundamentales para combatir la discriminación, las desigualdades sociales y la violencia sistémica, para el reconocimiento de sujetas y sujetos políticos que abonen a la democracia y construcción de paz. En este sentido la educación popular, en términos de Paulo Freire, significa recuperar la pedagogía humanista para sostener un diálogo crítico permanente que se convierta en praxis y transformación social de quienes han sido oprimidos históricamente para la liberación de sí, de otras y otros.
Es la promoción del uso de la palabra que nos permite tomar conciencia, ex-presarnos y liberarnos a través de la exi-gencia y defensa de nuestro pensamien-to, acción y vida. El derecho a la educación se encuentra estipulado en el artículo 3° de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, en donde el Estado asume su responsabilidad públi-ca de garantizarlo para toda la población, desde educación inicial hasta superior. Sin embargo, durante el contexto pandémico, los retos de las diversas realidades y desigualdades socioeconómicas de los estudiantes se visibilizaron y profundizaron aún más, incrementando las áreas de oportunidad del sistema educativo tradicional mexicano.
Las mujeres, comunidades indígenas, población neurodivergente, personas en situación de pobreza y adultas mayores han sido más impactadas por el rezago educativo y las brechas digitales en México. Por ende, el derecho a la educación no sólo debe limitarse a garantizar condiciones dentro de las aulas, sino consolidar circunstancias económicas, sociales y culturales que permitan a las personas un acceso equitativo a este de-recho. Desde el principio de interdependencia, esto implica destinar los recursos necesarios para que todos puedan iniciar y continuar sus estudios; reconfigurar sistemas educativos que se adapten a sus estilos de aprendizaje; promover la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) para que las infancias y adolescencias, principalmente, no tengan que decidir entre estudiar o trabajar para continuar con sus proyectos de vida ante la falta de condiciones vitales como el acceso al agua, a una alimentación adecuada y a la salud, entre otros.
Ha sido el sistema económico y social predominante el que promueve la meri-tocracia; es decir, incentiva el pensamiento de que las personas “más capacitadas, más hábiles” son quienes abonan al progreso y desarrollo de la sociedad. Por lo que “merecen” tener condiciones de vida dignas bajo los principios e ideales hegemónicos de sostenimiento de la vida y sociedad capitalista y patriarcal. Sin embargo, es necesario detenernos apensar: ¿cómo nos reconocemos como sujetas y sujetos de conocimiento? ¿Cuál es la influencia de las desigualdades de nuestros contextos en nuestra formación? ¿Cómo podemos construir espacios equitativos donde las experiencias, saberes y conocimientos sean válidos en la misma proporción? ¿Acaso la vida en dignidad y condiciones justas es sólo para unos cuantos o es para todas y todos?
El reconocimiento de cada persona como portadora de conocimientos, sabe-res y experiencias es una de las propuestas desde la educación popular para responder estos y otros cuestionamientos. Pues en esa mirada horizontal y humani-taria se encuentra la transformación social para asumirnos como sujetos con capacidad de agencia para incidir en la reconfiguración de nuestras relaciones y contextos desde las infancias hasta las personas adultas mayores, partiendo del reconocimiento de nuestras diversidades. Por tanto, es importante fortalecer e incentivar procesos formativos y educativos populares como herramienta política, emancipadora, libertaria y de transformación social que sea contrapeso para eliminar las desigualdades, las violencias y las discriminaciones en el mundo. Además, estos espacios tendrían que apostar por la promoción y la defensa de condiciones de vida digna a través de la exigibilidad de sus derechos humanos y el cuidado de sí, de la colectividad y el medio ambiente.
El diálogo colectivo e intergeneracional, así como la libertad de expresión, se convierten en elementos prioritarios para colocar la crítica, reflexión y emancipación colectiva en el centro de la educación popular, adecuándose a los contextos diversos y recuperando la humanidad co-existiendo con su comunidad y entorno.
Habrá que seguir apostando por una educación inclusiva, libre de violencias, integral y transformativa que reconozca a cada persona como portadora y constructora de conocimiento, ya que sin ella, la liberación de las personas y los pueblos no será posible. No hay revolución social sin educación popular; en palabras de Paulo Freire: “el acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común”.
* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
