La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) dio a conocer que propuso a las autoridades hacer cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular con el fin de impulsar que más personas tengan acceso a los servicios financieros.
Entre las modificaciones que busca el organismo están establecer un sistema de remuneración a los clientes, abrir cuentas a menores, que se les permita tener nóminas, hacer domiciliación de servicios y conformar una base de datos con tecnología biométrica para poder identificar a clientes.
En una reunión con medios, David Romero Morfín, presidente de la Amsofipo, indicó que la propuesta ha sido presentada ya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Somos figuras reguladas por Hacienda, a través de la CNBV, la Condusef y el Banco de México, por lo que contar con una legislación más robusta y actualizada, nos permitirá continuar enfrentando de manera exitosa los retos del sector y crecer de forma responsable”, declaró.
Recordó que estas instituciones de crédito cuentan con activos por 36 mil 428 millones de pesos y atienden a 4 millones 800 mil clientes en mil 629 municipios y son un intermediario financiero clave para atender las necesidades de servicios financieros de la población.
“Como parte del proceso de actualización de la ley, se busca fortalecer a las sociedades en procesos clave como capital, liquidez y tecnología, en beneficio de los clientes”, apuntó.
En materia de capital, las Sofipos buscan un fortalecimiento prudencial, la formalización de los ejercicios de estrés, el cálculo de capital neto y un tratamiento de los impuestos diferidos; así como incluir nuevos requerimientos como el riesgo operacional, tener un indicador de liquidez y poder contar con garantías personales.
También pretenden poner en marcha nuevas operaciones e innovar la regulación para que las Sofipos puedan competir con otros intermediarios y permitir la contratación de créditos en moneda extranjera.
Con este mecanismo se fomenta la inclusión financiera y se clarifican los procesos internos, con terceros y reguladores y también los procesos de multas.
