Uno de lo temas más comentados ayer en Twitter fue el despido de miles de empleados de la propia red social en el transcurso de unas horas. Aunque la compañía no ha ofrecido cifras oficiales, un correo electrónico interno avisaba sobre el recorte de la mitad de la plantilla, integrada hasta el jueves por alrededor de 7 mil 500 personas a escala global. En México, se habla de la expulsión del equipo directivo en su totalidad y de la mitad de la nómina general.

La escabechina era esperada desde el jueves pasado, cuando Elon Musk se hizo con el control de la empresa y la privatizó, es decir, la retiró de la bolsa de valores, con lo cual ahora no debe responder a los accionistas y goza de licencia para actuar a su arbitrio. Ese mismo día, despidió a los principales ejecutivos y llevó a personal de otras de sus firmas para hacerse cargo de puestos claves e implementar una reorientación completa en sólo una semana. De acuerdo con entrevistas a trabajadores de Twitter, esto supuso un giro drástico en la cultura laboral, con la sustitución de las dinámicas típicas de Silicon Valley por un culto a la sobrecarga de trabajo y a la persona del magnate. Este proceder se ha justificado por la necesidad de rentabilizar una compañía que hace años se quedó atrás frente a sus rivales en la captación de usuarios.

Desde que se anunció en abril pasado la compra de Twitter por el hombre más rico del mundo se ha levantado toda índole de dudas y controversias. La cuestión central gira en torno a la libertad de expresión, un valor del que Musk se dice un “absolutista” en sus declaraciones públicas, pero por el cual muestra muy poco aprecio en su conducta personal: varios de sus ex empleados han denunciado que el único motivo de despido fue efectuar críticas al dueño de Tesla. La otra cara de la moneda es que, si bien no tolera ningún cuestionamiento a sus directrices, podría estar dispuesto a dar foro a los discursos de odio que con tanta facilidad aparecen en la plataforma, un riesgo que ya causó una estampida de clientes corporativos que buscan desmarcarse de este tipo de expresiones. Aún están por verse sus medidas en materia de moderación de las publicaciones, pero el aumento súbito de mensajes racistas en cuanto se dio el cambio de propietarios sienta un mal precedente.

La libertad de expresión está prácticamente desaparecida de otras grandes redes sociales, las cuales han apostado por la creación de ambientes “seguros” en detrimento de este derecho, mientras Twitter se ha movido en la delgada línea entre mantener la libertad al máximo y contener el desbordamiento de discursos ciertamente inadmisibles, como aquellos que promueven o normalizan la violencia racista y sexista; todo ello, al tiempo que permite la actividad de cuentas automatizadas creadas con el propósito de atacar a determinadas personalidades o ideologías e instalar percepciones favorables a otras. Esta permisividad relativa es una de las claves para explicar que hoy por hoy Twitter sea el medio de comunicación por excelencia de las clases políticas con la sociedad, así como el epicentro digital de las conversaciones ciudadanas acerca de los asuntos públicos. Sin embargo, la imparcialidad de la red ante la diversidad de posturas dista de estar garantizada: en nuestro país ha trascendido la cercanía de los directivos locales con el Partido Acción Nacional, y usuarios cercanos al oficialismo han reprochado la disparidad de criterios al momento de dictar sanciones por presuntas infracciones a las políticas de la compañía.

Más allá de la personalidad y las polémicas de Musk –un personaje ciertamente inquietante que llegó a defender públicamente el “derecho” a dar golpes de Estado para hacerse con los recursos naturales que requiere su empresa de automóviles eléctricos–, el destino de Twitter invita a reflexionar en torno a la idoneidad de dejar las redes sociales a merced de las fuerzas y los caprichos del mercado, pues a estas alturas queda claro que tales plataformas son mucho más que simples fuentes de lucro: son los espacios en que se forma la opinión pública, en los que se decide qué información llega a los ciudadanos y cuál permanece en la oscuridad, en los que se da o se niega legitimidad a los discursos e ideologías en pugna.