La iniciativa presidencial para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ha generado un intenso debate. Ante la falta de un proyecto que convenza a grandes sectores sociales, la alianza de políticos y empresarios de derechas ha buscado capitalizar la discusión, utilizarla para golpear al actual bloque gobernante y posicionarse como alternativa. Sin embargo, en el pasado encontramos evidencias de cómo estos grupos impulsaron el proceso de militarización del país.
En la década de los 70, como parte de la Operación Condor, Estados Unidos realizó en México un ensayo de “colaboración” entre ejércitos para combatir al nuevo enemigo de la región, el “narcotráfico”. Detrás de los eufemismos, esta operación significó una escalada de la guerra contrainsurgente, así como un renovado intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. No es casualidad que esto coincidiera con la guerra sucia o terrorismo de Estado, periodo en el que el Estado mexicano y sus fuerzas armadas cometieron actos de barbarie contra organizaciones populares y contra muchos de los pueblos que encontraban a su paso.
La participación del Ejército Mexicano en tareas antinarcóticas no significó la reducción del negocio, por el contrario, el narcotráfico se convirtió en un negoció floreciente que encontró otras ramas comerciales, las cuales dieron forma a las corporaciones del crimen organizado que hoy operan. Militares de alto grado se convirtieron en eslabones entre fuerzas castrenses y el crimen organizado, como el caso del general Acosta Chaparro, quien participó en la guerra de contrainsurgencia en el estado de Guerrero, y a quien después se le encontrarían vínculos con el crimen organizado.
Es importante enmarcar el modelo de seguridad militarizada en el contexto de despliegue del modelo neoliberal en la región, estrategia que junto a los tratados comerciales y las alianzas de seguridad, como el Tratado de Libre Comercio o la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, se han traducido en políticas de “integración regional” y “seguridad hemisférica”.
Con esta lógica, durante la presidencia de Ernesto Zedillo fue creada la Policía Federal Preventiva, una policía militarizada que tuvo como su primera intervención la toma de las instalaciones de la UNAM, para acabar con la huelga en defensa del carácter público y gratuito de la universidad que sostuvo el Consejo General de Huelga.
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto continuaron y fortalecieron la seguridad militarizada, utilizándola también para la represión de movimientos populares. Destaca el sexenio de Calderón por la participación masiva, abierta y en operaciones conjuntas del Ejército con policías locales, estatales y federales y, sobre todo, por el favorecimiento de sus acciones hacia determinados grupos del crimen organizado, estrategia que provocó la expansión y brutalidad de la guerra.
La ratificación de la estrategia de seguridad militarizada por el actual gobierno significa continuar por el camino andado, y dar la espalda a una histórica exigencia social por construir alternativas de seguridad pública, ciudadana y comunitaria; una estrategia distanciada de los mandatos de Estados Unidos y su “norteamericanización” de la seguridad. Tampoco los militares han sido presentados ante la justicia por los crímenes del pasado y del presente, o por corrupción, por lo que el pacto de impunidad permanece intacto. Se trata de la misma estructura y en muchos casos, hasta los mismos actores.
Hoy la vieja “mafia en el poder” dice oponerse a la militarización, cuando en realidad ellos marcaron la ruta y acentuaron la dependencia. Algo similar sucede con los proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura que construye la actual administración, muchos de los cuales fueron diseñados por anteriores administraciones y acordados en el contexto de la integración comercial regional. Aunque la “oposición” hoy se vista de ambientalista y antimilitarista, nadie les cree, bien sabemos que su color es el del dinero.
Pero el problema más grave no es que las derechas utilicen estas demandas, sino que la actual administración retome esas estrategias. Desde luego esto no significa que nada haya cambiado; pero en materia de militarización, entre otras, no sólo hay continuidad, además, se profundiza la estrategia entregando la construcción y administración de diferentes megaproyectos a los militares, o exaltando valores castrenses como la supuesta incorruptibilidad del Ejército.
En el cable 06MEXICO505 de WikiLeaks (https://bit.ly/3qns2YP), se reveló que desde 2006 –antes de la guerra de Calderón–, el ahora presidente López Obrador ya había anunciado al gobierno de Estados Unidos que recurriría a los militares para la estrategia de seguridad en México, dándoles “más poder y autoridad” en operaciones antinarcóticos y haciendo enmiendas constitucionales.
La crisis de violencia que se vive en México es en parte consecuencia del modelo neoliberal que, entre otras cosas, se ha acompañado de la militarización de la seguridad y de las sociedades. Por eso la batalla por la desmilitarización es fundamental si en verdad se está contra ese modelo y si se desea trazar una ruta distinta.
* Sociólogo
Twitter: @RaulRomero_mx
