Ciudad de México. Al cumplirse 27 años de la masacre de Aguas Blancas, en la que fueron asesinados 17 campesinos, las exigencias de justicia, “por la liberación de los presos políticos y por el esclarecimiento de las ejecuciones de dirigentes de organizaciones sociales” se mantienen vivas, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un breve video que difundió a través de redes sociales, recordó que la mañana del 28 de junio de 1995, miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez, Guerrero, con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los caficultores, pero fueron detenidos y atacados por un grupo de policías y agentes judiciales.

Recordó que por estos hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano implementar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de los testigos de la masacre de Aguas Blancas, especialmente, de la señora Virgilia Galeana García, y los familiares de las víctimas.

En tanto, la CNDH a través de su Recomendación 104/95 acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los derechos de 17 personas pertenecientes a la citada organización campesina, “quienes resultaron muertas de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada”.

La masacre ocurrida en Aguas Blancas “dejó un saldo de 17 campesinos asesinados y 14 heridos. La represión de Estado se dio contra un movimiento social que implicó graves violaciones a los derechos humanos y que hoy sigue en la impunidad”, aseveró.