Londres. Gran Bretaña enfrenta la huelga ferroviaria más grande en décadas, después de que en conversaciones de último minuto entre el sindicato y las compañías no lograron llegar ayer a un acuerdo sobre salarios y seguridad laboral, y el paro amenaza con extenderse a otros sectores.

Hasta 40 mil trabajadores de limpieza, señalización, mantenimiento y estaciones tenían previsto hacer paros tres días esta semana, hoy, mañana y el sábado, en un contexto de inflación disparada.

El Sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte calificó de “inaceptable” la última oferta de los empleadores y sostuvo que “la huelga programada para esta semana seguirá adelante”.

Se prevé que la huelga paralizará la red ferroviaria en todo el país, y afectará también a servicios del Metro de Londres con un paro hoy.

Millones de personas en Gran Bretaña, y en el resto de Europa, han visto cómo se dispara el costo de la vida. Los salarios no han seguido el ritmo de la inflación, que ha alcanzado 9 por ciento y se espera que siga subiendo, mientras la guerra de Rusia en Ucrania presiona los suministros de energía y alimentos básicos, como el trigo. Los precios ya subían antes de la guerra, ya que la recuperación económica global del covid-19 impulsa la demanda del consumidor.

Al mismo tiempo, las cifras de pasajeros en Gran Bretaña siguen por debajo de las anteriores a la pandemia y las empresas ferroviarias intentan recortar gastos y personal.

Las negociaciones para resolver la disputa se han derrumbado y los sindicatos pidieron al gobierno que se involucre. Acusan a la administración del premier conservador, Boris Johnson, de quedarse al margen para poder culpar a los sindicatos, y al opositor Partido Laborista, de centroizquierda, de las complicaciones de una huelga.

Los sindicatos afirman que el gobierno, que establece las normas de funcionamiento de las empresas ferroviarias y posee la operadora de infraestructura Network Rail, no ha dado la flexibilidad suficiente para ofrecer un incremento de salarios sustancial.

“Esto es un asunto entre los empleadores y los sindicatos”, sostuvo el ministro del Tesoro, Simon Clarke.