La movilidad laboral será tema central en la Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles. AMLO aspira hacer del hemisferio americano una especie de Unión Europea. Para caminar en esa dirección se debe intensificar la discusión en torno a derechos humanos de personas migrantes y la movilidad laboral. En efecto, “la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental establecido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y desarrollado en el derecho derivado europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia” (https://bit.ly/3m309TJ).
La semana pasada miembros del caucus hispano del Congreso (CHC) de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Biden y al secretario Blinken solicitando que se incluya en la declaración final de la cumbre un lenguaje claro sobre la protección de los migrantes y se establezcan principios humanitarios para proteger y apoyar adecuadamente a quienes huyen de la violencia y la persecución. El presidente del CHC, Raúl Ruiz, dijo (https://bit.ly/38Mzmbt) que “es fundamental obtener compromisos de los líderes del hemisferio occidental para proteger la seguridad y la dignidad humana de las poblaciones vulnerables que migran a través de las Américas, incluidos niños, mujeres embarazadas, ancianos, LGBTQI+ y personas con discapacidades y enfermedades crónicas”.
Organizaciones no gubernamentales ofrecen para la cumbre el documento Directrices para un marco regional sobre migración y protección en la región de las Américas. Este “marco regional es la oportunidad para que Estados Unidos y los países de toda la región de las Américas tomen un nuevo enfoque regional de colaboración que priorice el respeto de los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados mediante rutas de mayor protección y vías jurídicas complementarias, así como asistencia humanitaria y acceso a la justicia” (https://bit.ly/3Mb1oe6).
Este marco regional es urgente dada la creciente militarización de la política migratoria en México. Un informe recién presentado por organizaciones de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de las personas migrantes –entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración– resalta que “las fuerzas armadas son las que hacen mayor número de detenciones y muchas son arbitrarias, están basadas en el perfilamiento racial o han conllevado abusos, sobre todo de mujeres” ( La Jornada, 24/5/22).
Es alarmante también la continuidad en la administración Biden del injerencismo trumpista en materia de política migratoria en México. El embajador Ken Salazar parece querer revivir los planes soterrados Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan) de la época de Bush, al proponer dotar al proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec con controles castrenses para frenar la migración de Centroamérica hacia el norte. ¿Es así como piensan atacar los “causas raíz” de la migración? Los migrantes de Centroamérica, en particular, son desplazados por proyectos extractivistas, agroindustriales, turísticos, despojados de sus tierras mediante la criminalización y el terror, las más de las veces con capitales estadunidenses y canadienses, cobijados bajo los tratados de libre comercio (TLC) que no se cuestionarán en la cumbre. Aunque muy bien hace la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en llamar a una revisión del TLC entre Centroamérica y EU (CAFTA) (https://bit.ly/3PWSfZT).
Además de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo se debe atender el de los trabajadores del campo en Estados Unidos. Un artículo de David Bacon y Anuradha Mittal (basado en el reporte del Oakland Institute Dignity or Exploitation: What Future for Farmworker Families in the United States? (https://bit.ly/3x50Sc3) nos ofrece los siguientes datos: “Durante la administración Trump, EU deportó un promedio de 275 mil 725 personas por año, casi la misma cantidad de trabajadores –257 mil 667– traídos por los productores el año pasado para trabajar en los campos de EU” y que “los trabajadores contratados con visas H2-A ahora representan una décima parte de la fuerza laboral agrícola total de EU, un aumento de más de 100 mil en sólo seis años”. Esta doble política de deportar migrantes a la vez de importar trabajadores emula el programa bracero de los años 50. Dicen Bacon y Mittal mientras la administración de Biden busca deshacer el daño causado a los inmigrantes y trabajadores por las órdenes ejecutivas de Trump de cortar sus salarios, hay una decisión más importante que tomar que es rescindir el programa H2-A por ser “incluso más abusivo que el antiguo programa bracero. Un sistema opaco de reclutadores y contratistas privados que atrae trabajadores, extorsionando con sobornos para obtener visas. Una vez en EU, estos trabajadores sufren robo de salarios y violaciones laborales sistemáticas” (trad. propia).
En un comunicado de la Campaña por la Dignidad (https://bit.ly/3PYMxqi) se reclama que “necesitamos, no sólo poner fin al programa de trabajadores temporales H-2A, sino obligar al Congreso a permitir que las personas que vienen a EU a trabajar como trabajadores agrícolas reciban visas de residencia permanente, sin estar encadenados a agricultores u otras corporaciones”. Si queremos una América que emule a la Unión Europea hay que ver que ahí los trabajadores migrantes tienen bajo ley el derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos del país al que migran en lo que respecta al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y las ventajas sociales y fiscales. Como escribe mi colega de IPS Enedith López (https://bit.ly/3x3Melr): los trabajadores que ponen comida en nuestras mesas enfrentan pobreza, deportación y calor extremo. Estas son opciones de políticas que se pueden cambiar.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
