Tepic, Nay. Crece la expectativa del sector de la tauromaquia en este estado, y el resto del país, debido a la decisión final que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá tomar el 8 de junio sobre la controversia de inconstitucionalidad, del amparo en revisión 80/2022, sobre si "las corridas de toros y las peleas de gallos son patrimonio cultural inmaterial en Nayarit", pues el resultado podría sentar precedente jurídico para la prohibición de la fiesta taurina en México.

El resultado podría invalidar un decreto emitido en Nayarit en 2019, por el entonces gobernador panista Antonio Echevarría García, y aprobado por la legislatura local que presidió su tío, también del PAN, Leopoldo Domínguez González, que declaró que la fiesta taurina y las peleas de gallos son patrimonio cultural inmaterial de ese estado.

Esa decisión judicial, resultado del proyecto del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, que podría declarar anticonstitucional el decreto —que declara entre otros conceptos “… la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, como Patrimonio cultural Inmaterial de la Entidad, así también se instituye el 14 de septiembre de cada año como el Día del Charro en el Estado de Nayarit.”—, afectaría a todos los involucrados en las corridas de toros en México, y podría se usada por ambientalistas y colectivos protectores de animales para impulsar la prohibición de las corridas de toros.

El controvertido decreto, de sólo cinco artículos y tres transitorios, fue aprobado por 20 diputados locales del PRI, PAN, PRD y una de Morena, cuatro abstenciones (dos del PAN y dos del PT), cinco ausencias, y en contra el voto de la hoy diputada federal por Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía. Algunos ex legisladores, que hoy son alcaldes y hasta funcionarios de primer nivel, muy cercanos al gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

La demanda de inconstitucionalidad presentada hace casi tres años, y en principio rechazada por la justicia federal, inició un litigio de alcance seguramente no calculado por ninguna de las partes, y menos en sus repercusiones y posibles daños colaterales principalmente para la llamada fiesta taurina y todos sus involucrados directa e indirectamente, tanto en su afición como en el importante aspecto de la economía y empleos que genera.

Consultada por La Jornada, la ambientalista nacida en Guadalajara, Jalisco, pero nayarita por adopción, Marisela Hernández Carreón, tajante y clara afirmó que su inconformidad y la de muchas personas que coinciden en la protección de los animales “es sólo en los dos conceptos, de los seis que el decreto registra como patrimonio inmaterial de los nayaritas: las corridas de toros y las peleas de gallos”, dejando a salvo y sin problema alguno, reiteró, la Charrería, el Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento de Caballos Bailadores y las Carreras de Caballos.

Declaró que nunca imaginó que el Amparo que en junio de 2019 firmó como presidenta de la asociación civil Cuenta Conmigo Tepic, contra el multicitado decreto generaría tendría como consecuencia que llegara hasta la Suprema Corte.

En tanto, el abogado nayarita Emmanuel Medina González, que representar legalmente “por vocación y pro bono” a esa agrupación civil y otros casos de Derechos Humanos, externó su confianza en que la justicia federal les dará la razón. “Absolutamente, tengo fe en saldrá favorable”, dijo.

El 25 de abril en la Suprema Corte la ministra presidenta de la Segunda Sala, Yasmín Esquivel anunció que se aplazaría la decisión sobre la propuesta del ministro Pérez Dayán.

El ministro Pérez Dayán plantea conceder un amparo a la organización “Cuenta Conmigo Tepic”, pero aclara que su conclusión no debe entenderse en el sentido de que las “peleas de gallos” o la “fiesta taurina” deban prohibirse constitucionalmente.

En concreto, la única pregunta que se plantea dar respuesta es si resulta constitucionalmente admisible que las autoridades responsables hayan declarado a la “fiesta taurina y las peleas de gallos”, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Nayarit. Esto es, si tales actividades, desde la estricta óptica constitucional, pueden ser tuteladas por los derechos culturales.

El proyecto estima que las peleas de gallos y la fiesta taurina, al traducirse en actividades que generan sufrimiento, agonía e incluso la muerte de especies sintientes, de manera innecesaria o injustificada, resultan incompatibles o irreconciliables con el derecho humano a un medio ambiente sano y, por ende, no son susceptibles de tutela bajo los llamados derechos culturales; razonamientos por lo que propone conceder el Amparo a la parte quejosa para el efecto de declarar inconstitucional el decreto reclamado, con efectos generales.

El decreto génesis de esta Litis a punto de cumplir tres años, no sólo se refiere a tauromaquia y peleas de gallos, también incluye en el patrimonio cultural inmaterial estatal a la charrería, el jaripeo, el adiestramiento de caballos bailadores y las carreras de caballos, e instituye el 14 de septiembre como Día del Charro en Nayarit.

La aprobación en la SCJN, el próximo miércoles, podría impulsar la política prohibicionista contra dichos espectáculos, aunque el Congreso de Nayarit podría derogar el decreto a revisión, con lo que el Amparo quedaría sin materia, y se evitaría el pronunciamiento de la Corte.

No obstante, hasta ahora la diputada presidenta Alba Cristal Espinoza Peña, se concretó a declarar al respecto que “revisaremos puntualmente lo que se ha trabajado en legislaturas anteriores, y en ese sentido, como siempre, la última voz la tiene el pueblo”.