Ciudad de México. Senadores de Morena consideraron que la Fiscalía General de la República (FGR) debe ir a fondo en la investigación sobre la denuncia que formuló la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buerostro, en el sentido de que 40 mil entes no gubernamentales tuvieron acceso a la información fiscal de ese órgano del gobierno, ya que es un asunto de seguridad nacional.

En tanto, representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron que Buenrostro informe con precisión sobre las presuntas responsables y precise si ya hay carpetas de investigación.

“Es muy grave la revelación que hizo Buenrostro de que al iniciar su gestión se encontró con tres cables que salían de los servidores del SAT hacia instituciones no gubernamentales, porque es un robo de información confidencial, que pone en riesgo la seguridad de los contribuyentes, de empresas y particulares, ya que los datos sustraídos pueden usarse para delinquir o con fines políticos”, comentó el senador José Narro.

A su juicio, una organización de las que se pudieron conectar ilegalmente a los servidores del SAT es Mexicanos contra la Corrupción, ya que fue evidente en el pasado sexenio su manejo de información fiscal fue privilegiada. Por ello, insistió, “la FGR debe hacer su tarea y debieran intervenir también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los demás órganos de seguridad”.

Vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Narro consideró conveniente que los integrantes de la Comisión de Hacienda inviten a la titular del SAT a una reunión de trabajo, en la que pudieran analizar cómo van las investigaciones, ya que Buenrostro explicó que hay 40 mil involucrados en ese robo de información y no han sido del todo identificados.

Por su parte, la senadora Antares Vázquez comentó que debe tomarse muy en serio la denuncia de la titular del SAT y colaborar para esclarecer cómo fue que en el sexenio de Peña Nieto se permitiera ese delito.

Por separado, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, pidió que se informe con precisión sobre las presuntos responsables. “Una declaración tan general no abona a la transparencia y genera un clima de incertidumbre a la ciudadanía respecto a la tarea que tienen las organizaciones sociales, y hay que decir que representan un aporte muy significativo, especialmente para los segmentos de población más excluidos, aquellos que no alcanzan las funciones del Estado”, dijo en entrevista.

El también ex director de la Red por los Derechos de la Infancia en México se quejó de que lo que más ha afectado a las organizaciones es el mensaje desde el gobierno federal de no trabajar con ellas. En todos los niveles, tanto municipal como estatal y federaln “ya no hay posibilidad de hacer prácticamente nada y cuando se acercan a nosotros para pedirnos apoyo y demás quieren todo el trabajo gratuito, estudios, asesorías, investigaciones”.

Otras organizaciones rechazaron opinar ahora, en espera de más información “clara” sobre los señalamientos que hizo la titular del SAT.