El Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional instruyó el domingo a sus 71 diputados federales votar en contra de la iniciativa de reforma en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una breve sesión semipresencial, el máximo dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que sus legisladores no permitirán “una reforma que comprometa la posición de México en el escenario internacional por incumplir con los compromisos en materia de energía accesible y no contaminante, sostenibilidad y combate al cambio climático de la Agenda 2030”. Aunque el líder afirmó que en su bancada no hay divisiones, ayer el diputado federal plurinominal de Campeche Carlos Miguel Aysa Damas anunció que votará a favor del dictamen y llamó a sus correligionarios a secundarlo bajo la idea de que “el PRI aún tiene la oportunidad de reivindicarse ante el pueblo de México”.

La postura del CPN se dio pese a que ese mismo día Morena y sus aliados en San Lázaro dieron por “aceptados y atendidos” los 12 puntos del pliego petitorio presentado por la alianza de PAN, PRI y PRD. De acuerdo con el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, nueve de los incisos serán integrados para su votación, mientras los otros tres quedaron solventados con la resolución emitida la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia en torno a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El empecinamiento de la dirigencia priísta en disciplinar a su bancada para oponerse al rescate de la industria eléctrica nacional tiene dos futuros posibles. El primero es que las órdenes de Moreno Cárdenas sean acatadas por una mayoría de legisladores tricolores, escenario que llevaría a la total subordinación de este partido a la agenda de Acción Nacional y de las corporaciones energéticas que alientan la oposición a la reforma referida, y a su consecuente dilución como una opción política con identidad propia. De seguir este camino, el priísmo ratificaría que no se aprendió nada del naufragio experimentado al abrazar los dogmas neoliberales a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en su regreso al poder con Enrique Peña Nieto.

La otra posibilidad es que un buen número de sus diputados se sumen a Aysa Damas y decidan actuar con sentido de país, rehusando a ponerse al servicio de los intereses contrarios a la reforma: los de las grandes trasnacionales que han hecho pingües negocios al amparo de la contrarreforma peñista, y cuyos personeros se exhiben sin tapujos como la mano detrás de las siglas de Va por México. De manera casi inevitable, una insubordinación semejante conduciría a una fractura e incluso a escisiones en el PRI.

Sea que la dirigencia priísta logre imponer sus directrices o que se enfrente a la rebelión de sus legisladores, el mero hecho de suscribir como postura institucional una agenda que va contra sus orígenes y sus reivindicaciones históricas vacía al priísmo de todo contenido programático y lo deja en la hasta hace poco impensable posición de formación satélite. Seguir este camino hasta el final, en alineamiento con los intereses corporativos para obstaculizar a como dé lugar al gobierno mexicano, significaría desembocar en la irrelevancia de ese partido.