En diciembre próximo se cumplen 30 años de que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. Su objetivo: divulgar la importancia de los recursos hídricos y apoyar las iniciativas orientadas a brindar a todas las personas el acceso al agua potable, necesidad básica del ser humano, vital para su salud y entorno social. Además, la celebración busca que se adopten medidas para cambiar la situación que existe en muchas partes del planeta por la carencia de agua, crear conciencia sobre la importancia de conservarla y aprovecharla racionalmente.
Mucho antes de aprobar dicha celebración, Naciones Unidas realizó varias conferencias relacionadas con el agua. Como la de 1977. Cuatro años después, la que estableció el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990). En 1992, la conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente, además de la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro. También el Decenio Agua para la Vida (2005-2015), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Cumbre de París (2015) sobre cambio climático.
En esas y otras reuniones internacionales y dentro de cada país se han ofrecido datos que ilustran cómo la escasez de agua potable afecta a más de 40 por ciento de la población mundial. El continente africano vive la situación más grave, pues dos de cada tres habitantes (300 millones de personas) no tienen acceso a ella; en América Latina y el Caribe, no es suficiente para 110 millones. El futuro no es nada alentador: se calcula que la escasez afectará en 13 años más a 3 mil 500 millones de personas en el mundo. Las causas: el mal uso en las actividades agropecuarias e industriales, la deforestación, el aumento de las áreas desérticas, , la erosión, la contaminación de los suelos, la sequía.
También los desequilibrios en la dotación per capita: en los países desarrollados una persona utiliza en promedio 350 litros de agua al día; pero en la mayoría de los que están en vías de desarrollo, entre dos y cinco litros al día. Suplen las carencias adquiriendo a un alto costo agua en garrafones. Otro factor se sumó al panorama de escasez: el calentamiento global y la seguridad alimentaria. A menos líquido, menos producción de alimentos, migraciones por hambre, más enfermedades por la mala calidad del líquido (por diarrea mueren cada año casi un millón de personas, en especial niños) y conflictos internacionales y locales por controlar las fuentes de agua.
El panorama en México no es nada alentador. La Comisión Nacional del Agua señala que padecemos más sequía, afectando la producción agropecuaria y elevando los precios de los productos básicos. El mes pasado, la tercera parte del territorio nacional tenía sequías entre moderadas y excepcionales. Y las áreas en condiciones “anormalmente secas”, casi 69 por ciento.
El estado de Nuevo León, su capital, Monterrey, y su área conurbada, emblemas de la industrialización, son ejemplo de lo que sucede. Hace cinco años, Alfonso Martínez Muñoz, subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa entidad, afirmaba que en unos cuantos años más no habría agua para la población, las industrias y otras actividades económicas. Lo dijo cuando ya el líquido escaseaba en amplios sectores de la población, era vidente su contaminación por el sector industrial y casi nulo el tratamiento de las aguas residuales. Su pronóstico se está cumpliendo.
Cuando apenas comienza el seco verano, los 6 millones de habitantes de la megaurbe (que consumen muchísimo menos agua que los sectores agropecuario e industrial) no la reciben un día a la semana. Y se denuncia cómo los grandes beneficiarios, vía concesiones gubernamentales nada claras, no hacen uso racional del líquido. Y el colmo: dos trasnacionales: Ternium (principal productor de acero del país) y la cervecera Heineken, son las más favorecidas en concesiones.
Ante la escasez de agua, el presidente López Obrador pedirá esta semana a los empresarios de Nuevo León que, con el líquido que hay en los pozos que explotan, apoyen a la gente, en tanto llueve. Se prevé que sea en junio. ¿Lo correcto no sería hacer cumplir el mandato constitucional que fija como prioridad agua para la población? ¿Y más si ésta es propiedad de la nación?
