Ciudad de México. Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en la Cámara de Diputados resaltaron esta tarde que el proyecto de reforma eléctrica “todavía puede enriquecerse” antes de su votación, el próximo lunes, en las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales.

No obstante, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, condicionó a que los cambios que proponga la oposición no modifiquen los puntos esenciales de la iniciativa presidencial.

“Si las propuestas que recibamos atienden lo esencial, en materia de energías limpias, reconociendo que las termoeléctricas, geotérmicas y la nuclear también son limpias; que se reconozca una revisión a las tarifas que garanticen que los mexicanos puedan tener precios asequibles; y criterios de control a cargo del Estado mexicano. Si vienen en ese sentido seremos propositivas y las incorporaremos como nuestras”, dijo en conferencia de prensa.

Mier insistió que él nunca presumió que ya tenía los votos del PRI, esto luego de que por la mañana la dirigencia nacional y la bancada tricolor anunció que votará en contra del proyecto.

No obstante, declaró que Morena tiene siete días para negociar los votos necesarios en favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los próximos días recibiremos las presupuestas de los otros grupos parlamentarios. Las que tiene Morena, y por prudencia e inteligencia política, se presentarán el jueves. Vamos a construir puentes para que, a partir de aproximaciones sucesivas tener un proyecto que sea discutido en las comisiones el lunes, y alcance la mayoría calificada”, abundó.

Según el calendario propuesto por Morena y aprobado por la Junta de Coordinación Política, la votación del dictamen en comisiones ocurrirá el lunes.

Esto, porque la votación de un dictamen requiere solo de la mayoría simple de los integrantes de cada una de las dos comisiones. Es en el pleno de la cámara donde Morena y sus aliados requieren el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, para que la iniciativa prospere.

Mier sostuvo que el tamaño del mercado eléctrico que se propone para la iniciativa privada es de hasta 46 por ciento.

“Es muy importante; es equivalente a todo el mercado eléctrico de Sudamérica, con excepción de Brasil; al de países de occidente; y esa participación del mercado le permitirá al pueblo de México que la energía eléctrica se maneje con criterios de servicio público, suficiente, energías limpias y sea barata. Ese es el espíritu, la esencia que envió el Presidente”, afirmó.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Reginaldo Sandoval (PT), dijo que actualmente las empresas privadas capturan 62 por ciento del mercado eléctrico nacional.

“El mercado eléctrico tiene un valor de 7 billones de pesos. Por eso se resisten tanto y vinieron los empresarios norteamericanos y tocaron la tecla equivocada, porque fueron con el Presidente, porque quien va a resolver es la Cámara. A lo mejor sí andan cabildeando, pero con nosotros no”, agregó.

Otro factor de la disputa contra la reforma, dijo, es el valor en infraestructura que tiene la Comisión Federal de Electricidad, equivalente a 7.1 billones de pesos.

“Si se disminuye la función de la CFE, va de regalo a quien se quede con el sistema eléctrico. Ese es el centro del debate y por eso aquí a los mexicanos les llamamos a que estén atentos cómo resuelve cada uno de los 500 diputados. Que la fuerza del mercado no imponga precios por cuestión de utilidad y le dificulte al gobierno a cumplir el derecho humano a la energía eléctrica”, indicó.

Expuso que el crecimiento de la demanda anual de electricidad se calcula en 4 por ciento anual, y de ese mercado 54 por ciento se propone para control de la CFE y 46 por ciento a la iniciativa privada, “y eso que aún no calculamos la materia prima que significa el litio”.

Asimismo, Ignacio Mier confirmó que el proyecto de dictamen propone cancelar los contratos de auto abasto, que permitieron a empresas privadas no pagar por el consumo real de energía, y que siguieron funcionando a pesar de que desde 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación los declaró inconstitucionales.

“No puede construirse, al amparo de contratos sucios, la energía limpia”, cuestionó.