Morelia, Mich. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Michoacán ha presentado cuatro denuncias penales en contra de exfuncionarios del gobierno que encabezó el perredista Silvano Aureoles Conejo, y una en contra de un representante legal de una empresa privada, por mal manejo del gasto público por cinco mil millones de pesos.

La secretaria de la Contraloría, Azucena Marín Correa, reveló que están por integrarse 18 denuncias más en este mismo sentido contra ex funcionarios de la administración que concluyó el pasado 30 de septiembre. Por necesidades de la investigación no pudieron dar ningún nombre de los involucrados.

El secretario de gobierno Carlos Torres Piña, informó que las denuncias fueron presentadas ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aclaró que casi todas las irregularidades corresponden a delitos federales, porque en Michoacán el 93 por ciento del presupuesto público es de origen federal.

Indicó que los probables delitos en agravio del gobierno del estado son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Torres Piña señaló que entre los hallazgos que se detectaron se encontró que se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación; además, de que se realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.

Además, otros siete exfuncionarios fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por delitos de ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado. Agregó que se hallaron documentos alterados, documentos firmados a favor de servidores con recursos públicos extraordinarios a sus percepciones salariales, así como transferencias a empresas calificadas por Hacienda como irregulares.

Asimismo, adelantó que están pendientes de procesar otras 18 denuncias para presentarlas ante las instancias penales, y serían contra exfuncionarios de las secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, y de la Secretaría de Seguridad Pública.