Ciudad de México. La industria armamentista de Estados Unidos obtiene alrededor de 250 millones dólares anuales (más de 5 mil millones de pesos) por ganancias relacionadas al tráfico ilícito de sus productos a México, señaló el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Alejandro Celorio.

El paso ilegal de armamento, agregó, tiene “devastadoras” consecuencias para el país, debido a que en su mayoría termina en poder de grupos del crimen organizado.

En entrevista con La Jornada para hablar de las expectativas en la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano ante una corte federal de Massachusetts contra un grupo de fabricantes estadunidenses –esto luego de la réplica de México a la posición de los demandados, presentada en lunes pasado–, Celorio indicó que se cuenta con evidencia para acreditar la negligencia de los armeros en la promoción y comercialización de sus productos.

Refirió que el juez F. Dennis Saylor, quien revisa el litigio, tiene en sus manos “cerrarle la llave” a la delincuencia organizada para obtener estos productos. “Decidirá con base en el derecho, no puede hacerlo por apreciaciones políticas. Ofrecimos muchos elementos, si decide detener el litigio y darle la razón a las demandadas, tendrá que hacer una formulación que supere nuestros argumentos. Lo veo difícil, aún no hay que cantar victoria”.

Celorio hizo especial mención del respaldo a México, expresado a través de la figura de amicus curiae (amigos de la corte) de 14 procuradores generales de varios estados, fiscales distritales de todo el país y varias de las principales organizaciones civiles estadunidenses dedicadas a la prevención de la violencia de las armas.

En estos documentos, subrayó, se presentan argumentos que refieren que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) –de carácter federal y aprobada en 2005– no tiene efectos extraterritoriales y viola dos leyes estatales.

“La PLCAA es el mayor obstáculo que tenemos, pero los amicus curiae resultan fundamentales. En uno, expertos en el tema le dicen al juez que esa ley no tiene efectos extraterritoriales y no protege a las empresas de lo que sucede en México. Con base en ese argumento no se puede desechar el litigio.

“Otra premisa es la expuesta por los fiscales estadunidenses en el sentido de que la misma PLCAA contiene ciertas excepciones para demandar a las empresas de armas, como cuando violan normativas estatales. En su escrito, los 14 fiscales apuntan que hay presunción de que se violan dos leyes locales”.

Una es la ley de Massachusetts –y otros estados– que protege a los consumidores y otra la de Connecticut que prohíbe la publicidad engañosa. “Estas empresas publicitan y promueven armas de tipo militar, cuando en realidad tendrían que vender armas para actividades recreativas o de colección”, apuntó Celorio.

“Los fiscales le dicen al juez: ‘Permitir que se deseche la demanda con base en PLCAA, aun cuando hay dos excepciones por violaciones a leyes estatales, nos pondría en una situación de cuestionamientos constitucionales’. Ésa es una conversación que sólo pueden tener los estadunidenses, pero nos da (a la posición de México) un kilometraje enorme”.

El gobierno mexicano demandó a las empresas en agosto de 2021. Los armeros contestaron el 22 de noviembre solicitando que se deseche el litigio. México replicó esos argumentos el 31 de enero y los demandados tendrán hasta el 28 de febrero para presentar su contrarréplica. Posteriormente, el juez Saylor deberá analizar las posiciones y dictar si acepta o no que el litigio pase a una etapa de presentación de evidencia.