Cuanalá, Pue., La resistencia se respira cuando uno llega a ella. En este céntrico predio del municipio semirrural Juan C. Bonilla, cercano a la ciudad de Puebla, solía operar una embotelladora. De esas instalaciones industriales que uno ve cuando circula por las carreteras y parecen parte “normal” del paisaje. Tras ser una planta más de la trasnacional Bonafont, se convirtió en el Altepelmecalli, un centro cultural dedicado “al cuidado y defensa de los territorios de vida”.

Junto al ideograma del nombre nahua de las instalaciones recuperadas por los pobladores, se puede leer: “Aquí el pueblo manda”. Desafiante como suena es, por ahora, cierto. Y la transformación no podría ser más elocuente.

La extracción diaria de la empresa llegó al millón 600 mil litros por día, equivalente al consumo total en un municipio de 18 mil habitantes.

Actualmente, el pozo ilegal donde la empresa almacenaba el líquido dentro de las instalaciones fue tapado por las mujeres y sirve de gallinero bajo una pinta: “Pozo de muerte”.

Del mismo modo, lo que fue área de retiquetado hoy se usa para criar borregos y el almacén de aceites se volvió porqueriza.

El 22 de marzo de 2021, la planta fue clausurada por los indígenas para conmemorar el Día Internacional del Agua. Los pueblos de alrededor, relata El Campeche, uno de los voceros del movimiento, “se estaban quedando sin agua”. Entonces “nos organizamos 22 comunidades y reunimos 6 mil firmas contra la empresa”. Se dieron a conocer como Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes.

Atribuyeron oquedad a la extracción de líquido

El movimiento, parte de la resistencia del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Tlaxcala y Puebla, ganó visibilidad por la desafortunada aparición de un socavón de grandes dimensiones en Zacatepec, dentro del mismo municipio.

El hundimiento de tierra fue atribuido a la extracción indiscriminada del agua. Hoy, un producto local típico es el “pan de socavón”.

El 8 de agosto pasado, ante la negligencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el gobierno poblano para frenar el saqueo del agua, los pueblos ocuparon pacíficamente la planta y la transformaron en “casa del pueblo” y lugar de reunión con movimientos y luchas similares en el país.

Así, del 27 al 30 de enero se celebró aquí el “Curso-taller internacional para la defensa y cuidado de los territorios de vida: mapeo comunitario y cartografías sociales”.

El pasado día 17 concluyó aquí mismo el Encuentro nacional contra gasoductos y proyectos de muerte, donde más de 15 luchas de todo el país denunciaron que “el decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan, intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal contra quienes defendemos la vida y nuestros territorios, a través de declarar los megaproyectos de interés público, seguridad nacional, al margen de toda protección ambiental y del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos”.

Mientras el gobierno estatal ha omitido intervenir directamente, Conagua y otras instancias federales tampoco resuelven las demandas indígenas.

Una ruta posible de solución es la expropiación del predio, pero el riesgo es que la capitalice el gobierno municipal, encabezado por el panista José Cinto Bernal, con historial de represor en Zacatepec, desvío de recursos, creación de una “policía” ilegal y responsable de diversas violencias. Ello detendría la acción del Altepelmecalli y no resolvería la injusticia histórica.

La embotelladora llegó en 1992

La embotelladora llegó en 1992, con el respaldo del gobernador Manuel Bartlett Díaz, quien impuso, refiere El Campeche, un gobierno municipal ilegítimo para eludir la oposición de los indígenas. Después, la empresa fue adquirida por Bonafont. No parece viable que ésta regrese, el desprestigio de su actuar en la región no le favorece, aunque los defensores del río Metlapanapa, afluente del contaminadísimo Atoyac, han sido perseguidos judicialmente.

Para conmemorar el primer aniversario de la clausura, las organizaciones defensoras del territorio y el agua en el país que luchan contra hidroeléctricas, gasoductos y la extracción de agua y minerales, anunciaron una Caravana de los pueblos por la vida y contra megaproyectos, del 22 de marzo al 22 de abril, que partirá de este Altepelmecalli.