El Ministerio Público Federal no ha encontrado, hasta el momento, indicios de la comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), revelaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad.

Explicaron que aunque Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ya no ratificó la denuncia presentada contra los integrantes del órgano electoral que se habían opuesto a la realización en tiempo y forma de la consulta de revocación de mandato, por ley la Fiscalía General de la República (FGR) debe integrar el expediente y determinar si existe algún ilícito, ya que en este caso no se trata de un delito que se persiga por querella.

En diciembre pasado, el morenista Gutiérrez Luna interpuso una denuncia penal contra los funcionarios que votaron por suspender el ejercicio de revocación de mandato: el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, y los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala, José Roberto Ruiz, Jaime Rivera y Dania Ravel. Además del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

Sin embargo, días después el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que “no se debe penalizar” a los consejeros.

Gutiérrez Luna manifestó que su denuncia había “salido ya del ámbito de competencia” de su cargo, “toda vez que se encuentra en la FGR, por lo que ésta habrá de emitir la determinación conducente”.

En ese contexto, el pasado 2 de enero Lorenzo Córdova publicó en sus redes sociales: “Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos, claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”.

De acuerdo con los funcionarios consultados, el Ministerio Público Federal ha “continuado con el trámite de toda denuncia, y aunque en este caso sabemos del desistimiento (aunque de manera oficial sólo se sabe que el legislador no ratificó su escrito), no se puede detener el procedimiento legal, se trata de cuestiones de oficio, tiene que realizarse todo lo establecido en la legislación penal y establecer si hubo o no la comisión de algún ilícito.

“Es decir, se tendrá que realizar toda la indagatoria, pero hasta el momento, no existen elementos que hagan suponer alguna responsabilidad de los funcionarios del INE en algún acto contrario a la ley, y se deben seguir los procedimientos legales hasta llegar a una definición total, porque si se cerrara así, se podría acusar a la FGR de incurrir en actos anómalos”, señalaron las autoridades consultadas.