La Secretaría de Gobernación fue anfitriona de un diálogo entre el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; los abogados del sindicato minero, y representantes de la sección 65 del mismo.
Gracias a los acuerdos alcanzados en Bucareli fue posible levantar el bloqueo carretero mantenido desde el martes pasado por los trabajadores de dicha sección sindical para exigir a las autoridades el reconocimiento de la huelga iniciada hace 14 años en la mina de Cananea, Sonora, hoy llamada Buenavista del Cobre. Sin embargo, la medida de protesta podría reanudarse si no se presentan avances sustantivos en la resolución de este conflicto estallado en 2007 y exacerbado por la acerba política antiobrera del ex presidente Felipe Calderón y su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Debe recordarse que aquel año los mineros estallaron la huelga por “las constantes violaciones y la falta de seguridad e higiene en las instalaciones” del yacimiento concesionado a Grupo México, que en 2008 el entonces mandatario panista dejó sin sustento económico a 670 familias del municipio al entregar a la multinacional el contrato colectivo de la sección 65 a fin de burlar el derecho de huelga de los trabajadores; en 2010 mandó a la extinta Policía Federal a desalojarlos con lujo de violencia (en un operativo calificado de “régimen de terror” por el sindicato United Steel Workers), y que desde entonces la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco se ensaña con los huelguistas, presionando a los empleadores de la región a fin de que nieguen cualquier oportunidad laboral a ellos y a las personas de su entorno.
Con tales antecedentes, resalta que al encuentro encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no acudieran ni Larrea ni representantes de su compañía, cuya cerrazón frente a las justas demandas laborales han mantenido activos éste y otros conflictos. La misma arrogancia del magnate ha impedido avances, pese al significativo cambio de actitud hacia los trabajadores que tuvo lugar con la llegada del actual gobierno federal: no puede olvidarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su mediación personal para destrabar el añejo diferendo, y apenas el jueves afirmó que sobre cualquier interés debe prevalecer la verdadera protección de los trabajadores.
En este sentido, los trabajadores y sus representantes señalan la aparente desconexión entre la voluntad expresada por el mandatario y la actitud remisa de las autoridades laborales, que incluso habrían ignorado una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para instalar un “diálogo amistoso” entre el Estado mexicano, los trabajadores de la sección 65 y el sindicato minero.
Por el bien de los centenares de familias de los mineros y de la vigencia de los derechos laborales, cabe esperar que el diálogo iniciado ayer sea el comienzo de una solución real y definitiva al conflicto abierto hace casi tres lustros.
