Ante el creciente número de contagios de covid-19 entre trabajadores de su Unidad de Asuntos Jurídicos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) determinó la suspensión de todas sus actividades y procedimientos por 15 días hábiles, por lo que reanudará sus labores el próximo 11 de febrero. Este sería uno de los primeros servicios públicos afectados por el crecimiento de casos desde el inicio de la cuarta ola en México.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación destaca que la medida implica la “suspensión de la totalidad de las actividades de la unidad y de las áreas adscritas a la misma, en lo que respecta a la defensa y representación de los intereses del consejo ante las diferentes autoridades jurisdiccionales, contencioso administrativas, administrativas y del trabajo”.

Por la noche, el Conacyt informó que la suspensión de labores, únicamente de la citada unidad, fue para evitar más contagios y salvaguardar la salud de los trabajadores. No se reportan, dijo, casos graves u hospitalizaciones entre el personal contagiado. Aclaró que si bien se han notificado casos aislados de covid-19 en todas sus áreas administrativas, “éstas no presentan los altos niveles de contagio registrados en la Unidad de Asuntos Jurídicos”, por lo que el resto de las unidades y áreas del consejo continúan activas y trabajando de manera habitual atendiendo las medidas de prevención.

El acuerdo establece que la medida también aplica a aquellos trámites y procedimientos que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo y se hayan presentado de manera física o por correo electrónico. Además, la oficialía de partes no podrá recibir promociones, demandas, juicios de amparo ni otros trámites.

Sin embargo, el Conacyt subrayó que para la atención de los asuntos en que ya se hubiera requerido o emplazado al órganismo público al entrar en vigor el acuerdo y “se encuentre transcurriendo algún término procesal, se proveerá lo conducente para el oportuno desahogo” de los mismos.

En tanto, integrantes de la asamblea estudiantil del CIDE consideraron que el acuerdo es “innecesario y desproporcionado”. En un comunciado, señalaron que la medida “obstaculiza” los juicios de amparo contra la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general del centro y de las convocatorias “ilegales” para reformar los estatutos.