El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el domingo se superó el umbral de firmas preliminarmente consideradas válidas para hacer obligatoria la realización del proceso de revocación de mandato.
De acuerdo con el organismo, al corte del 17 de enero se habían validado 2 millones 845 mil 634 rúbricas, equivalentes a 3 por ciento del listado nominal nacional, aunque se continuará la verificación hasta alcanzar 3.2 millones, es decir, 3.5 por ciento del listado nominal, “a efecto de contar con un margen importante para eventuales impugnaciones de ciudadanos que objeten las firmas avaladas”.
En cuanto al segundo requisito, el de dispersión territorial, desde la semana pasada se superó con creces al sumar 21 entidades federativas (de 17 exigidas) en las que se recabe el respaldo de 3 por ciento del listado nominal de cada una de ellas.
Antes de que el 4 de febrero el INE rinda su informe oficial y eventualmente lance la convocatoria, iniciará un muestreo domiciliario aleatorio para corroborar que las firmas se otorgaron de manera voluntaria, y tramitará las inconformidades de los ciudadanos a quienes no les haya sido aceptada su firma o, por el contrario, los desistimientos de quienes identifiquen que su credencial fue usada sin su consentimiento. Dado que el instituto recibió en total 11 millones 97 mil firmas de apoyo y que aún tiene por revisar y validar la mayor parte de ellas, parece prácticamente imposible que cualquiera de dichos procedimientos, si se realizan con buena fe, altere el curso de los acontecimientos.
Por otra parte, está pendiente la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la petición de ampliación presupuestal que le hizo el INE por mil 730 millones de pesos. Pero, cualquiera que sea la resolución de la autoridad hacendaria, el instituto deberá realizar el ejercicio en los términos que marca la Ley Federal de Revocación de Mandato, habilitando “la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal”.
Cabe hacer votos para que en lo sucesivo el Consejo General del INE renuncie a la fabricación de pretextos y se conduzca con voluntad de cumplir la ley, las resoluciones emitidas por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral y, no menos importante, el deseo de los más de 11 millones de ciudadanos que han expresado su exigencia de hacer efectiva la soberanía popular.
Ninguna instancia puede subestimar el esfuerzo de recabar esos apoyos, cuya magnitud deja claramente asentada la voluntad ciudadana de llevar a cabo este ejercicio inédito de democracia participativa. Lejos de obstaculizarlo, la autoridad electoral ha de ver en él una excelente noticia para el desarrollo democrático del país que, además de su valor inmediato, sentará un precedente para que en el futuro quien ocupe la Presidencia pueda ser sometido a la revocación.
Por el bien de la democracia, es deseable que este experimento plebiscitario se desenvuelva con éxito, y que se extienda a todos los ámbitos de la administración pública, desde los gobiernos estatales y municipales, hasta el Poder Legislativo y los cargos directivos de los órganos autónomos como el propio INE.
