Como se sabe, la situación en México ha adquirido carácter de crisis humanitaria, debido entre otras cosas al contexto de desapariciones generalizadas y sistemáticas en la mayor parte del territorio mexicano, tal como lo señaló en su Informe final sobre la desaparición en México el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en 2015. Y todo ello como consecuencia de la impunidad e indolencia de las autoridades e instituciones encargadas de administrar, impartir justicia y garantizar atención prioritaria a las miles de personas víctimas y sobrevivientes, por mencionar un ejemplo.
Lamentablemente han aumentado las personas desaparecidas, no localizadas y fallecidas no identificadas. De acuerdo con datos oficiales, hay cerca 95 mil 121 personas desaparecidas y 52 mil fallecidas sin identificar en diversas instituciones del país, como fiscalías, servicios forenses y fosas comunes en cementerios que se encuentran en custodia del Estado. A esto hay que sumar el hallazgo de fosas clandestinas y campos de exterminio que no han sido procesados,así como personas que no están registradas como desaparecidas, debido al contexto de inseguridad y a la participación de autoridades en su desaparición, ya sea por acción o colusión con grupos criminales.
En este contexto, del 14 al 26 de noviembre el Comité realizó su primera visita a México, en virtud de que el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas le confiere la facultad de realizar visitas a Estados parte. Cua-tro de quienes lo integran, junto a otras dos personas que conforman la Secretaría del mismo órgano, se dieron a la compleja labor de visitar la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sostuvieron reuniones con colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos de derechos humanos y autoridades, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, la Comisión Nacional de Búsqueda y oficiales de las fuerzas armadas. Todo ello con el propósito de documentar y presentar un informe sobre la desaparición en la nación, que considere las experiencias y la voz de colectivos de familiares y quienes les acompañan, así como las acciones que han sido implementadas por parte del Estado mexicano, para prevenir, buscar, investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición.
Si bien el informe sobre la visita a México será presentado en Ginebra el próximo año, en la conferencia de prensa que se realizó en el contexto del cierre de su visita, el Comité expresó su reconocimiento con respecto a la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y sobre el Protocolo Homologado de Búsqueda. También acerca de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila. Igualmente acerca del establecimiento de las Comisiones de Búsqueda en las entidades federativas.
No obstante, el Comité volvió a expresar su preocupación sobre el contexto generalizado de las desapariciones en la República, así como sobre la impunidad y revictimización constante por parte de autoridades e instituciones, las cuales carecen de coordinación interinstitucional e interestatal, y de recursos para llevar a cabo investigaciones diligentes que respondan a la emergencia y garanticen un acompañamiento jurídico efectivo con perspectiva de derechos humanos, que además permita la participación de personas víctimas para impulsar sus procesos de exigencia.
Cabe mencionar también que esta situación afecta de forma diferenciada a personas y grupos que han sido colocados en situación de vulnerabilidad, debido a su desigualdad y discriminación histórica, como mujeres, pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTTTIQA+, personas con discapacidad y migrantes. Además de exponer los avances, retrocesos y obstáculos, el Comité expresó su admiración y solidaridad para con las víctimas, familiares, colectivos y especialmente a las mujeres, quienes han construido su lucha y resistencia desde sus experiencias.
Asimismo, manifestó su apertura para colaborar con el Estado mexicano, las organizaciones de la sociedad civil y los sujetos de exigencia, para así poner fin al martirio que atraviesa la vida de miles de personas y de la sociedad en general. En este sentido, esta visita debe mirarse como una oportunidad para generar mecanismos alternativos y extraordinarios, con el apoyo y acompañamiento de organismos internacionales que respondan al contexto de violaciones graves a los derechos humanos y detonen procesos efectivos y participativos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
