La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado en el país 517 mil concesiones de agua para distintos usos y en su vigilancia participan apenas 80 inspectores. En la cuenca Lerma-Santiago Pacífico, donde se encuentra el corredor industrial del Salto, que tiene unas 400 plantas industriales, hay dos y a escala nacional se estima que al día se hacen 12 visitas de inspección, indica información del organismo.

No hay control sobre el cumplimiento de los volúmenes de agua autorizados en los títulos de concesión, es decir, sobre las extracciones del agua de los usuarios, ni tampoco sobre la calidad de las descargas. “Hay un entorno de impunidad en que actúan, porque pueden simular el cumplimiento de sus concesiones”, sostuvo Miguel Ángel Montoya, consultor sobre agua.

El bajo número de inspectores es un problema que lleva al menos tres administraciones, aunque con un poco de inversión se puede hacer verificación de las extracciones de agua con sistemas telemétricos, pero la Conagua no los ha querido establecer, “la autoridad está en omisión, ya que es algo establecido en la Ley de Aguas Nacionales”, señaló en entrevista.

Agregó que con un sistema de medición telemétrico centralizado se pueden verificar en tiempo real las extracciones que hacen los usuarios. El problema que ahora existe es que ellos autodeclaran los volúmenes y en los casos en que hay medidor, pueden trucarlo, “cuando pagan los derechos de volumen extraído, simulan las cifras; todo queda a la buena fe del usuario”, indicó.

En relación con las descargas, lo que se hace actualmente es que el usuario manda pruebas a laboratorio para asegurar que cumple la norma. Por telemetría se puede verificar el volumen de descarga, pero sí se tendría que monitorear la calidad del agua residual, para lo cual sí se requieren los inspectores. También se tienen que verificar que los pozos cumplan con las condiciones en que fueron autorizados, agregó.

En tanto, el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, se ve amenazado por la forma en que hoy se utiliza y se concesiona el líquido en el país, señala el texto Hacia una Ley General de Aguas basada en la sustentabilidad, de Alya Ramos, Laura E. Galván y Xóchitl Zaga.

Indica que no se garantiza que las concesiones estén priorizando el uso doméstico y público-urbano, como señala la Ley de Aguas Nacionales. Menciona que de abril de 2015 a diciembre de 2018 se otorgaron 77 concesiones concentradas en las regiones Lerma-Santiago, Río Bravo y Baja California Sur, donde 90 por ciento del agua concesionada se destinó a actividades distintas al uso doméstico y público urbano, aun cuando son regiones con alta presión hídrica, agrega.

Refiere que la Ley de Aguas Nacionales, que data 1992, carece de una visión de derecho humano al líquido y al saneamiento, así como a otros derechos básicos asociados a un medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, al acceso a la información y de una estructura basada en la gestión integral del recurso.