El acuerdo presidencial que permite a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad pública es constitucional, pues no viola la división de poderes, se sostiene en un proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat que será discutido este miércoles en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de la propuesta para la controversia constitucional 90/2020, promovida por diputados de oposición, en contra del acuerdo promulgado el 11 de mayo del año pasado, para la actuación militar en tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, con el objetivo de contribuir a la construcción de la Guardia Nacional (GN).

El proyecto se centra en responder al principal argumento de los legisladores, que es la supuesta invasión de sus facultades por parte del Ejecutivo federal.

La ministra Ríos responde que el acuerdo impugnado es sólo complementario de las reformas constitucionales hechas en marzo de 2019 para la creación de la GN, donde se incluyó un artículo transitorio que faculta expresamente al Ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, norma que los diputados no vetaron.

Se explica que el proyecto no analiza el problema de la militarización “porque la controversia constitucional se constriñe, como medio de control, a un análisis funcional, no a los méritos de constitucionalidad o convencionales de esa medida”.

Existe otra acción de inconstitucionalidad, la 62/2019 promovida por la CNDH, que sí cuestiona directamente la Ley de la Guardia Nacional y la participación de militares en esta corporación.

El proyecto de Ríos requiere para su aprobación el voto de tres de los cinco ministros de la primera sala; sin embargo, es posible que por la trascendencia del tema su resolución sea enviada al pleno de la SCJN.