El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo presidencial que busca declarar como “de interés público y seguridad nacional” todos los megaproyectos de la actual administración.
En un comunicado, el pleno del organismo autónomo señaló que, luego de analizar los alcances del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, “determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la administración pública federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.
A decir del Inai, en el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador “se advierte una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”.
El INAI subrayó que cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de este martes, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. En los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
Por su parte, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, subrayó que ningún acuerdo puede estar por encima de la ley y que “las obras públicas son un foco rojo para el abuso, la discrecionalidad y la corrupción”, por lo que no deberían ser declaradas como temas de “seguridad nacional”, pues dicho carácter puede hacer que la información sobre ellas se reserve.
Luego de señalar que los megaproyectos no dejarían de ser auditables, pero sí se eliminarían los contrapesos legislativos y sociales de vigilancia y detección oportuna de irregularidades, la experta alertó que el acuerdo presidencial daría aun más poder al Ejército, lo que confirmaría la militarización de la vida pública en el actual gobierno.
