San Salvador. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador anunció este miércoles que admitió una demanda de la Fiscalía que pide anular un sobreseimiento a militares implicados en el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras.

"La Sala de lo Constitucional admitió la demanda presentada por el fiscal general de la República (Rodolfo Delgado)", señaló esa Sala de la Corte Suprema en un comunicado.

La Sala Constitucional explicó que decidió admitir la demanda tras considerar que una resolución dictada el 8 de setiembre de 2020 por la Sala de lo Penal de la misma corte "lesionó los derechos a la seguridad jurídica, a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional".

En esa oportunidad, la Sala de lo Penal declaró "la nulidad absoluta del proceso penal" que se le seguía a varios militares argumentando razones de "prescripción de la acción penal".

El asesinato de los sacerdotes y dos colaboradoras, fue un crimen cometido durante la guerra civil (1980-1992).

Según la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Penal declaró la prescripción del proceso penal "pese a tratarse de crímenes de lesa humanidad, los cuales según la doctrina y la jurisprudencia constitucional nacional e internacional" son "imprescriptibles".

La Sala de lo Constitucional consideró que "el titular del derecho a conocer la verdad" en el caso "es el pueblo salvadoreño".

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. Se trataría de militares de alto rango de la época.

Ante la falta de justicia en El Salvador, familiares de los sacerdotes impulsaron en 2009 un juicio en España.

Basándose en el principio de la justicia universal, en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional de España condenó al coronel Inocente Orlando Montano a 133 años y cuatro meses de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles, aunque no podrá estar recluido más de 30 años, según la ley de ese país.